El diputado José Guerra asegura que financistas internacionales manifiestan su preocupación por la ilegalidad de los préstamos. Para que el Ejecutivo pueda contar con créditos en moneda extranjera, estos deben estar avalados por el Poder Legislativo, según lo establece el artículo 150 de la Constitución
El Gobierno nacional maneja distintos financiamientos que reposan en la Ley de Presupuesto Nacional, la cual debe ser sancionada por la Asamblea Nacional, que a su vez, aprueba la Ley de Endeudamiento. Los proyectos no pasaron por el Parlamento, sino que fueron presentados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La acción acarrea consecuencias para el Gobierno que está urgido de conseguir financiamiento internacional, ante la caída del ingreso de divisas por los bajos precios del petróleo.
El diputado José Guerra, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, aseguró que los acreedores internacionales les han manifestado en reuniones privadas su incomodidad de que el Gobierno obtenga algún crédito sin estar aprobado por el Legislativo. De allí, -sostiene- la razón por la que el presidente Nicolás Maduro busca una salida al conflicto de poderes que hay con la Cámara, declarada en desacato por el TSJ.
Y es que para que el Ejecutivo pueda contar con créditos en moneda extranjera, estos deben estar avalados por el Poder Legislativo, según lo establece el artículo 150 de la Constitución.
"La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías”.
El presidente Maduro encomendó a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, la tarea de elaborar un documento para regularizar la AN que cuente con la anuencia de la oposición. El mandatario sostuvo que la decisión fue tomada ante la insistencia de algunos sectores de la MUD. Pero, el diputado Julio Borges, presidente de la AN, afirmó que el Gobierno necesita del Parlamento para poder obtener créditos de organismos internacionales y financiamiento de países como China.
El diputado Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela, señaló que el Parlamento alerta a organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina y a los países para que se abstengan de facilitar créditos a Venezuela hasta tanto los mismos no sean aprobados por la AN.
“No va haber créditos adicionales en moneda extranjera sin el aval de la Asamblea Nacional y aquellos organismos que los den, como empresas o multilaterales, serán declarados nulos y no se van a pagar”.
Recalcó que la garantía para la facilitación de financiamientos extranjeros es el aval que da la ley, en este caso la Constitución de la República a través de la AN.
Distintos financiamientos
El opositor Elías Matta, diputado de la AN, explica que como este año la AN no aprobó el presupuesto nacional, sino que lo hizo “extrañamente” el TSJ, por lo que todo endeudamiento que realice el Gobierno en base a la Ley de Endeudamiento de 2017 es totalmente “írrito”, no será reconocido por ninguna institución fuera del país.
El parlamentario precisa que hay distintos financiamientos, como el ocurrido el año pasado cuando el Gobierno vendió unas acciones de Petromonagas por 500 millones de dólares, para que pueda ser legal tenía que pasar por la AN y no pasó, por tanto también es “írrito”.
Mencionó el caso donde Petróleos de Venezuela puso en garantía 49 por ciento de las acciones de Citgo para obtener un crédito a través de la empresa rusa, el cual es "ilegal", como la supuesta entrega de campos para la explotación minera que el Ejecutivo otorga a través del arco minero. “Está claro que el Gobierno está fuera de la Constitución, todos los actos que están realizando son ilegales”.
Matta acotó que una vez aprobado el presupuesto de la nación, el Ejecutivo puede comenzar a liberar deudas porque está amparado por la AN. “Cada vez que PDVSA quiera vender unas acciones a través de las petroleras debe proceder a informar a la AN, cada vez que el Gobierno pretenda entregar un lote de tierras para la explotación de oro o de cualquier otro mineral estratégico tiene que pasar por la AN, eso es lo que establece la Constitución”.
Brecha de financiamiento
El economista Ricardo Penfold, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), sostiene en su artículo Un punto clave en la perspectiva del diálogo, publicado en la web de Prodavinci, que “a los actuales precios del petróleo, manteniendo las importaciones a los mismos niveles que en el 2016 y con 10 mil millones de dólares en servicio de bonos de deuda externa, se estima que el Gobierno tendrá una brecha de financiamiento externo de cerca de tres mil 500 millones. Sin préstamos externos el Gobierno tendrá que vender activos (no está claro cuántos quedan) y van a estar obligados a contraer las importaciones aún más para servir la deuda externa”.