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La Superintendencia de Precios Justos decomisó ayer más de tres millones de juguetes importados de la empresa Kreisel por haber incurrido en presunto acaparamiento y boicot, y que serán repartidos a través de los CLAP.
“En el marco de la aplicación de la ley, respetando el debido proceso, hemos ordenado el decomiso preventivo y total de esta mercancía. Estos productos serán puestos a la orden de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción“, subrayó el intentendente, William Contreras, quien encabezó la supervisión. Además, se ordenó la detención de los responsables.
Contreras informó que la distribuidora posee denuncias por no realizar los debidos despachos a las jugueterías, pese a tener lista la repartición desde octubre.
“Estamos en presencia de una empresa que hace abuso de su posición de dominio, hecho penado por la Constitución y la Ley Orgánica de Precios Justos. El producto más viejo esta aquí desde 2014. Es decir, hay inventario de 2008, 2009, 2011 y 2012, adquiridos con dólares preferenciales”.
El superintendente manifestó que la compañía alegó que aún conserva productos de años anteriores porque no son de mayor interés para los niños, argumento que para el superintendente es “cínico”, pues, “¿cómo es posible que existan casi cuatro millones de juguetes que no le gusten a los infantes de Venezuela?”.