A través de un comunicado, el Gobierno Nacional calificó el informe como una “estrategia criminal de cambio de régimen que se impulsa desde el Gobierno de Estados Unidos”
El Gobierno de Venezuela rechazó las acusaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala en un nuevo informe presentado este lunes, que la inteligencia civil y militar del país cometen crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante abusos dictados «desde el más alto nivel».
El informe, presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, destaca las «violaciones» de derechos humanos en Venezuela cometidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En este sentido, el Gobierno expresó, mediante un comunicado, «su más categórico rechazo a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022».
Según el Ejecutivo, con este mecanismo creado en 2019 «a partir de una cuestionada resolución, promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, se muestra patente el doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía».
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó, al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares, así como 51 en centros de detención del Sebin.
Para el Ejecutivo, el informe, que «no tiene sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país», pretende «seguir atacando» a Venezuela como parte de la «estrategia criminal de cambio de régimen que se impulsa desde el Gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo».
La Administración de Maduro advirtió de que tomará «las medidas políticas y diplomáticas pertinentes» frente a cualquier intento de de prolongar el mandato de este mecanismo «contra las legítimas instituciones venezolanas» en lo que consideró una «violación de la Carta de las Naciones Unidas» y las resoluciones de la ONU.
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