La presidenta del Ovlis asegura que el Gobierno “no quiere concertar una política salarial, la posición del ministro (del Trabajo) es que en el sector público se seguirán otorgando bonos sin carácter salarial a través del Sistema Patria”
Luego de tres sesiones en el Foro de Diálogo Social, el cual se lleva a cabo en Nueva Esparta con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se tienen grandes avances, prácticamente, por la negativa del oficialismo a ceder en sus posturas.
Estas conversaciones tienen como objetivo corregir el incumplimiento de los convenios 26, 87 y 144 firmados por Venezuela, siendo el 26 el principal en el diálogo, pues habla sobre el mecanismo para la fijación del salario mínimo.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) denunció que el diálogo no avanza como se esperaba debido a la posición inflexible y cerrada de los funcionarios del Gobierno, encabezados por el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba.
Dicho organismo afirma que Torrealba rechaza la posibilidad de salir de este encuentro con un mecanismo consensuado para fijar el salario.
“No hubo disposición del Gobierno a discutir el método de fijación. No quiere concertar una política salarial. La posición del ministro es que en el sector público se seguirán otorgando bonos sin carácter salarial a través del Sistema Patria”, aseveró la directora del Ovlis, Jacqueline Richter.
El Gobierno solo dio su brazo a torcer para acceder a crear una instancia técnica en la cual se pueda “discutir una metodología”, lo que deja lejos el objetivo de pactar un salario mínimo y un método para implementarlo.
No se concretan acuerdos
El punto clave del foro y principal motivo de desacuerdo es el salario, sin embargo, los otros convenios, referentes a la libertad sindical (87) y al diálogo tripartito (144) tampoco se acercan a su cumplimiento.
Las múltiples denuncias, incluso registradas por la OIT, en torno a la persecución, arresto y judicialización de dirigentes sindicales son respondidas con el argumento de que no se tomaron esas acciones por sus actividades sindicales, sino que existían verdaderos crímenes que debían ser procesados.
Las organizaciones sindicales propusieron crear una mesa tripartita con presencia de la Asamblea Nacional, en la cual se permita evaluar reformas judiciales para incrementar la protección a la actividad sindical mediante la derogación de normas que criminalizan la protesta y huelga.
De acuerdo con Richter, el discurso del Ejecutivo es monotemático, pues cada justificación que presentan para responder a las dificultades que padecen la población y la fuerza laboral de Venezuela, tiene que ver con las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
“Se han hecho críticas y planteamientos, pero hay oídos sordos del Gobierno. Cualquier planteamiento lo responden con que las fallas son culpa de las sanciones y sus efectos perversos”.
La pelota está del lado del Gobierno, que debe lidiar con una población laboral descontenta que exige la restitución de sus derechos desde hace años y que no descarta una posible huelga en caso de que las condiciones no cambien mediante el mecanismo mediado por la OIT.
Fuente: Tal Cual
¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh. Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.
diciembre 5, 2024
