Según declaraciones de Cabello, el presidente de la Fevelif estaba solicitado desde el 13 de mayo de este año, por talar árboles de forma indiscriminada
La detención de Fray Roa, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, importa poco al Gobierno Nacional. Una muestra de ello las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y las desviaciones del tema de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General.
El presidente de la AN confirmó, en su programa televisivo Con El Mazo Dando, que el presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (Fevelif), Fray Roa, fue detenido por un presunto plan orquestado para desestabilizar al Gobierno nacional. “Por las razones que sea el venezolano toma cerveza, culturales, sociales, las que sea… No tienes alimentos y ahora te van a quitar la cerveza. Así se monta un plan para que el pueblo pierda la paciencia”. Cuestionó que Roa haya sido entrevistado por CNN, donde denunció que el sector cervecero tiene niveles de inventario críticos.
Según declaraciones de Cabello, el presidente de la Fevelif estaba solicitado desde el 13 de mayo de este año, por talar árboles de forma indiscriminada.
Mientras que la fiscal hizo caso omiso a la pregunta de una periodista durante una rueda de prensa en el marco del IV Concurso de Credenciales y Oposición a la Carrera de Fiscales. Se le consultó sobre los cargos por los que se le imputa al dirigente gremial licorero y sobre su estado de detención, pero evadió el tema e insistió que se estaba ejecutando un evento "muy importante para el Ministerio Público, sobre todo cuando se les da estabilidad y seguridad a los fiscales".
Preocupados
Fedecámaras expresó su preocupación por la detención por de Fray Roa, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines. Mediante un comunicado de prensa, indicó que con detenciones no se logrará impulsar la producción nacional y que es necesario generar confianza para encontrar soluciones a la situación económica. “Exhortamos al Gobierno a mantenerse apegado a los principios constitucionales, al cumplimiento del debido proceso, a recuperar el diálogo social en Venezuela y al cumplimiento de las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo”.