Unas 1.750 protestas para exigir salarios dignos han marcado el panorama laboral en los últimos dos años, desde la última vez que el gobierno nacional decretó un incremento salarial el 15 de marzo de 2022.
El gobierno autodenominado “obrero” de Nicolás Maduro dio un giro de 180° en su política laboral en los últimos años. En el pasado, desde la gestión del fallecido Hugo Chávez, una de las banderas del chavismo eran los ajustes del salario mínimo cada año, tal y como indica la Constitución en su artículo 91.
Como parte de esta política, entre 1999 y 2022 se concretaron 52 aumentos salariales, un promedio de 2,26 ajustes por año, con picos como 2017, cuando se dictaron hasta seis decretos de aumento de salario mínimo en un intento por seguirle el paso a la inflación.
En contraste, el chavismo ahora opta por adoptar una estrategia de contracción del gasto público que le ha llevado a no aumentar el salario mínimo en 24 meses.
No solo eso, sino incluso eliminar progresivamente de su narrativa el “salario” como concepto y reemplazarlo por “ingreso” o “remuneración”, pues los dos ajustes que ha hecho en este período han involucrado únicamente bonos que no tienen incidencia en pasivos laborales.
El pasado 15 de enero, durante su presentación de Memoria y Cuenta de 2023, Maduro anunció que incrementaría el Bono de Guerra Económica de 40 a 60 dólares, lo que se juntaría con un cestaticket de 40 dólares para un “ingreso mínimo integral” de 100 dólares mensuales, además de los 130 bolívares de salario mínimo legal, equivalentes a 3,5 dólares, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
De esta forma, el Gobierno opta por “bonificar” el ingreso de los trabajadores, una práctica que fustigó el chavismo durante décadas, antes de empezar a aplicarla por cuenta propia.
Resuenan las palabras que Chávez dijo en un discurso en 2006, en el cual rechazó la bonificación salarial. “La llamada política de bonificación del salario bonificó la noción de la remuneración”, decía el mandatario mientras señalaba que apenas 20 % del ingreso de los trabajadores tenía incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales.
Protestas por tema salarial
Dieciocho años más tarde, la herencia que dejó Chávez redujo ese porcentaje y actualmente solo 3 % del ingreso total de los trabajadores tiene impacto en pasivos laborales, pues 97 % del ingreso que reciben los trabajadores corresponde a bonos.
La composición actual del ingreso no solo va en contra del discurso que el chavismo mantuvo desde que llegó al poder, sino que también quebranta la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y diversas convenciones colectivas.
La Lottt es clara al indicar que “se entiende por salario la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio”, por lo que incluso las bonificaciones, si no son accidentales sino regulares, deben considerarse como “salario”, pero esto no ocurre con los bonos otorgados por el Gobierno.
Esta es la principal motivación de las protestas de trabajadores, impulsadas principalmente por el sector sindical, pues de las 2.697 manifestaciones registradas por el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) en los últimos dos años, 1.750 (65 %) se enfocan en la exigencia de mejores salarios.
Ante este déficit salarial, el mercado laboral tuvo que adaptarse al margen del salario mínimo. En aras de retener talento y mano de obra capacitada, la empresa privada se desvinculó del mínimo pagado por la administración pública, aunque también recurriendo a bonificaciones sin impacto en los pasivos laborales.
Es por este motivo que la empresa privada mantiene rangos de ingresos mucho más elevados que la administración pública, como demuestran las encuestas aplicadas por gremios de trabajadores como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) o la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria).
De igual manera, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) hizo aplicó su propio estudio de remuneraciones pagadas en el sector comercio en el Área Metropolitana de Caracas. Todos estos indicadores muestran cifras bastante superiores a las habituales en la administración pública, que cubre aproximadamente 2,1 millones de venezolanos, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2023.
A pesar de que la Constitución indica, en su artículo 91, que el salario mínimo debería tomar como referencia la canasta básica al momento de fijarse, pocas son las remuneraciones que se acercan a este monto.
Si bien es cierto que los actores privados dinamicen el mercado laboral con mejores ofertas frente a la administración pública, prevalecen la precariedad y la desigualdad, pues solo porcentajes diminutos de la población perciben ingresos mensuales suficientes para cubrir la canasta alimentaria familiar, un mínimo indispensable para tener una vida digna.
De acuerdo con cifras de Ecoanalítica hasta mayo de 2023, aproximadamente 85 % de la población laboral del país generaba ingresos por debajo de los 300 dólares mensuales. Estos mismos datos indican que solo 2 % gana más de 1.000 dólares mensuales.
¿Para cuándo el aumento del salario mínimo?
Desde hace una década el ingreso ha venido progresivamente disminuyéndose, hasta llegar a un panorama en el que impera la precariedad salarial, perjudicando incluso el desempeño de la economía, pues el consumo se disminuye cuando la población no posee un poder adquisitivo suficiente para equiparar la oferta de bienes y servicios.
Empresarios coinciden en que esta fue una de las principales causas por las cuales la economía sufrió una contracción en 2023, lo que contempló un revés para un 2022 positivo en el que se produjo una recuperación importante tras una década de caída continua en la que se perdió 80 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En este sentido, la economía parece estar entre la espada y la pared, con una producción incapaz de crecer porque la población no consume lo suficiente, y unos salarios estancados por una política salarial y monetaria que busca reducir al máximo el gasto público y el crecimiento de la masa monetaria.
Pese a que 2024 es un año electoral —que tradicionalmente implica que se dispare el gasto público—, el Gobierno no ha hecho mayores inyecciones de dinero más allá del ajuste del ingreso vía bonos de enero. De hecho, las elecciones se celebrarán en julio, a mitad de año, por lo que no se espera mayor despliegue de gasto en el transcurso del año.
Las escasas esperanzas de un aumento salarial se centran en el Foro de Diálogo Social, una instancia que reúne a representantes de sindicatos, empleadores y Gobierno para dar soluciones a tres problemas en materia laboral: libertad sindical, diálogo tripartito y la creación de un mecanismo para la fijación del salario mínimo. Este último es el que tiene prioridad.
Tras más de 15 reuniones de las partes, entre enero y noviembre de 2023, finalmente debía llegarse a un acuerdo para proponer un mecanismo de fijación del salario mínimo el pasado 21 de febrero, junto a un monto consensuado que se elevaría al Ejecutivo para su evaluación. Sin embargo, la población sigue a la espera de ver resultados concretos.
Fuente: Tal Cual.
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noviembre 23, 2024
