El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes 15 de noviembre la renovación de sanciones por parte de la Unión Europea (UE), calificando la medida como "hostil", "ilegal" y "contraria" al derecho internacional.
En un comunicado, la Cancillería condenó "de manera categórica" la política de sanciones impuesta por la Unión Europea. En el texto, la consideran como "ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
Según la diplomacia, los dirigentes del bloque europeo optaron por "acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar".
"Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso", dice el texto publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.
Además, subrayó que esas medidas deterioran "de manera significativa" las relaciones políticas y diplomáticas y confirman "la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los estados soberanos".
Renovación de sanciones
Temprano este lunes 15, el Consejo de la Unión Europea (UE) decidió prorrogar por un año las medidas restrictivas vigentes contra Venezuela, extendiéndolas hasta el 10 de enero de 2027, en respuesta a lo que considera "persistentes acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país".
En un comunicado, el bloque europeo señaló que la decisión "se adoptó debido a la represión continua contra la sociedad civil y la oposición democrática. Además, señalan los acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y sus consecuencias".
Actualmente, 69 personas figuran en la lista de sancionados. Están sujetas a la congelación de activos, a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, y a restricciones de viaje dentro del territorio de la Unión Europea.
Las medidas restrictivas de la UE contra el país están en vigor desde noviembre de 2017. Incluyen, además, un embargo de armas y de equipos que se puedan utilizar para la represión interna.
Según afirmó el Consejo, el objetivo de estas sanciones específicas es "apoyar una solución negociada y democrática a la crisis venezolana". También señalan que buscan "no perjudicar a la población ni a la economía del país". En ese sentido, el bloque reiteró que "la responsabilidad de poner fin a la crisis recae en las autoridades venezolanas".
La UE subrayó que el levantamiento de las sanciones "dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos". También en "Estado de derecho y de pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática".
La decisión se enmarca en la política sostenida del bloque europeo frente a la situación venezolana. Esta postura ha sido reafirmada en declaraciones y conclusiones adoptadas durante 2024 y 2025 por el Consejo Europeo y la Alta Representante para Asuntos Exteriores.
Fuente: El Cooperante
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