El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, mantuvo este miércoles una agenda privada al sostener un encuentro con sectores sociales y suspender el acto público que tenía pautado en un sector popular de Caracas, tras la aprobación del juicio en su contra por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
El líder opositor tenía previsto para hoy un acto en la barriada de Petare, en el este de Caracas, pero fue suspendida a última hora por la extensión de una reunión que sostuvo con sectores sociales y miembros del llamado Plan País, un programa económico que pretende poner en marcha durante un eventual Gobierno de transición.
Así lo informó el equipo de prensa de Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países.
Al finalizar la reunión, Guaidó dijo al canal en línea TV Venezuela, que el equipo del programa -que ha sido elaborado por expertos económicos y diputados del Parlamento-, está enfocado “en la emergencia que vive Venezuela” y en cómo reactivar los servicios públicos tras los apagones ocurridos en marzo.
Se refirió también al debate que hizo ayer la Constituyente y por el que se aprobó su enjuiciamiento y dijo que tal discusión “terminó siendo una asamblea para discutir persecución”.
El martes la ANC, un foro no reconocido por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional, aprobó, sin decirlo expresamente, el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.
La ANC dio luz verde a la “continuación de un enjuiciamiento” contra el opositor que en respuesta llamó a sus seguidores a protestar.
La aprobación de esta medida respondió a la solicitud del presidente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, quien pidió “el allanamiento a la inmunidad parlamentaria” de Guaidó tras declararlo en desacato, pues incumplió una medida de prohibición de salida del país en febrero pasado.
A Guaidó se le investiga por haberse proclamado presidente interino del país el pasado 23 de enero, después de que desconociera el segundo mandato de Nicolás Maduro, quien el día 10 de ese mes juró para un nuevo período de seis años.
El jefe del Parlamento se proclamó presidente encargado invocando tres artículos de la Constitución venezolana que, asegura, le dan un respaldo legal para asumir el cargo al considerar que Maduro “usurpa” la Presidencia por haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos.
Además, la Fiscalía también lo investiga por la crisis eléctrica que causó numerosos apagones en el mes de marzo y que paralizó al país por completo más de 10 días.
El Gobierno de Maduro también culpa a Guaidó y a Estados Unidos por los fallos eléctricos, pues asegura que el opositor y el país norteamericano han “atacado” de forma cibernética y con “actos terroristas” al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La región más afectada de Venezuela por estos apagones ha sido el oeste y el propio Maduro ha dicho que los estados de esta zona se ubican en “la cola” en las líneas de transmisión eléctrica y por tanto serán los últimos en restituirles el servicio.
Sin embargo, en las últimas horas sectores de estados ubicados en esta región, como Zulia, Falcón, Mérida y Trujillo, han comenzado a recibir energía eléctrica de manera intermitente.
Entretanto, los del centro-norte, cercanos a Caracas, como Miranda, Aragua y Carabobo han registrado cortes de luz en las últimas horas.
Maduro puso en marcha el domingo un racionamiento del servicio eléctrico durante 30 días para atender los “ataques terroristas” contra las instalaciones del sistema, que será modernizado según lo anunció hoy la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
“Se ha decidido la intervención, reestructuración y modernización de la empresa (estatal) Corpoelec, una reestructuración que debe ir de la mano de sus trabajadores”, dijo la vicepresidenta en un discurso transmitido por el canal estatal VTV.
Además, las autoridades ya han comenzado con el restablecimiento de los suministros de agua “pese a los ataques contra” el SEN, según dijo Maduro.