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Un fiscal pidió ayer que se investigue al presidente de Argentina, Mauricio Macri, a su padre, así como a miembros de su Ejecutivo y de la aerolínea Avianca, entre otros, por supuesta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el otorgamiento de rutas aéreas.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados del sector kirchnerista del peronismo Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, que habían cuestionado la reciente venta de la empresa “Macair Jet” -del grupo económico liderado por Franco Macri, padre del jefe de Estado- a la colombiana Avianca y las posibles contrataciones del Estado con dicha empresa.
El fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez Sergio Torres impulsar una acción penal contra Franco y Mauricio Macri y otros funcionarios como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
También al titular del grupo de empresas que conforma Avianca, Germán Efromovich, al CEO de “Avian Líneas Aéreas” Carlos Benjamín Colunga López y al titular de “Unidos Air S.A.” Diego Martín Colunga López.
El fiscal busca que se aclare si desde el Ejecutivo se quiso beneficiar a Avianca a través del otorgamiento de rutas en el marco del proceso de apertura del mercado aéreo que inició el Ejecutivo a finales del año pasado.
Tailhade y Cabandié, del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) habían denunciado también que el Gobierno dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales para emplear servicios de empresas privadas.
Señalaron que la “privatización” del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos “por cifras millonarias” y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar se produjo a principios de 2016, con la venta de Macair Jet a Avianca, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil.