La región colombiana del Catatumbo sigue siendo una “zona de guerra” pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y ahora muchas de sus víctimas son venezolanos que han llegado hasta allí huyendo de la crisis de su país, denunció este jueves la ONG Human Rights Watch
La región colombiana del Catatumbo sigue siendo una “zona de guerra” pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y ahora muchas de sus víctimas son venezolanos que han llegado hasta allí huyendo de la crisis de su país, denunció este jueves la ONG Human Rights Watch.
La organización alertó de que en esa zona, que está ubicada en el departamento del Norte de Santander, que es fronterizo con Venezuela, persisten las dinámicas del conflicto armado porque hay “falta de control pleno y efectivo” por parte del Gobierno en algunas áreas que antes dominaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Allí, según el informe “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, operan exmiembros del Frente 33 de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda narcotraficante.
“Esa guerra tiene como presas de la guerra a la población civil del Catatumbo, campesinos pobres que no han conocido al Estado colombiano durante décadas y que están expuestos a abusos gravísimos cometidos por estos grupos armados”, afirmó el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Bogotá.
Entre los más afectados por esta situación están los cerca de 25 mil venezolanos que vivían allá hasta abril pasado, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citadas en el informe.
Según constató en terreno HRW, los ciudadanos del país petrolero que están radicados en el Catatumbo son víctimas de delitos como el reclutamiento de menores, los homicidios y los desplazamientos forzados.
“Las violaciones que se han cometido en el Catatumbo incluyen asesinatos, desapariciones, violencia sexual (…) reclutamiento de menores, desplazamientos, uso de minas antipersonales y también secuestros”, añadió Vivanco.
Muchos de los venezolanos que han llegado a la región viven en una situación precaria ya que duermen “en las calles o en edificios en condiciones de hacinamiento, a veces sin electricidad ni agua potable”, según el informe.
Sin embargo, añadió Vivanco, muchos han encontrado en el Catatumbo “una posibilidad de comer” y de “sobrevivir” que no tenían en su país.
“Las mujeres, muchas de ellas están en actividades de prostitución, por dos dólares se prostituyen. Los niños venezolanos están raspando coca; entrevistamos y conocimos casos de niños entre 8 y 14 años que se levantan a las 4.00 de la mañana a raspar coca, eso si tienen suerte porque la alternativa es que sean capturados y reclutados por el ELN, el EPL o el Frente 33 de las FARC”, detalló.
Por otra parte, las cifras de homicidios se duplicaron en esa zona de Colombia -conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- pues pasaron de 112 casos en 2015 a 231 en 2018.
De esos casos la organización analizó ocho y concluyó que “presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas”, una forma de control territorial frecuente en las zonas de conflicto en Colombia.
Entre enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” que están vinculados al conflicto armado, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
En ese sentido, Vivanco señaló que HRW constató que el ELN y el EPL “violan mujeres”, así como recogieron evidencias que “sugieren que hay trata de personas por parte de estos grupos mafiosos, que ejercen un control social fuerte, terrible, sobre la población”.
“Si bien las cifras que describen la magnitud de los abusos en este informe son muy graves, la cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias”, resalta la ONG.
En la región, los grupos criminales también han utilizado minas antipersonales en las zonas rurales y desde el 2017 cuatro personas murieron y 65 más resultaron heridas tras pisar uno de estos explosivos.
Por ello, Vivanco presentó el informe al presidente colombiano, Iván Duque, sobre quien dijo que tuvo una posición “muy receptiva” acerca de la situación y consideró que las recomendaciones de HRW son “razonables”.
“Fue una posición receptiva, constructiva frente al informe, no hubo ninguna descalificación o esfuerzo por minimizar la realidad que afecta a Catatumbo (…) Le dio instrucciones a sus asesores y al ministro de Defensa (Guillermo Botero) para que examinaran el informe”, añadió.
Para realizar el estudio, Human Rights Watch entrevistó a más de 80 personas entre víctimas de abusos, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. E
diciembre 7, 2024
