La responsabilidad gubernamental es ineludible para todos los funcionarios, pero requiere de vigilancia permanente, cosa que no le gusta a los gobiernos autoritarios y corruptos
Así debería llamarse el programa de radio de Ameliach. El gobernador bolivariano de Carabobo y vicepresidente de Organización del PSUV, como buen chavista, acostumbra en su programa Hablando de Poder, a mostrarnos su inagotable irracionalidad, desde la antena miente, calumnia, acusa, condena y amenaza.
Todos los chavistas imitan al difunto, todos montaron su programa desde el cual mostrarse y poder vociferar, mientras más grande sea la barbaridad que afirmen, más se sienten parecidos al que se murió, el único parámetro al que pueden compararse. Pura transmisión de mala calidad, sus audiencias lo demuestran; sin contenido intelectual, tan solo una repetición de teorías fracasadas y mentiras, muchas veces vulgares, donde se menosprecia al opositor, para lo único que sirven, es para demostrar que no se improvisa un comunicador social.
Unos con más carencias que otros, Maduro, Diosdado, José Vicente, Cilia, Jorge Rodríguez, Jaua y el propio Ameliach, para citar algunos ejemplos, compiten en las ondas radiales y televisivas, abusando de los recursos del Estado. En el fondo defienden su parcela, buscan tener ascendencia en sus cada vez más escasas bases, saben que no pueden confiar en sus propios compañeros.
Es la guerra a cuchillo o a mazazos; desde sus tribunas ensalzan sus peones, protegen sus fichas, testaferros, asociados y sobrinos, lo que más les interesa es promoverse como sucesores. Cuentan con toda una gama de repetidores, quienes con sus propios programas o usando las instalaciones de radio y televisión nacionales, se ponen al servicio de sus estrategias de poder y de sus intereses personales.
Desde la época de Chávez, es mucho el delito y los atentados a los intereses de la patria, que se han cometido detrás de un micrófono y una cámara. El loco egocéntrico condenó sin juicio a ciudadanos; dictó sentencias; expulsó miles de trabajadores de sus trabajos, sin respetar las leyes y los procedimientos; expropió miles de hectáreas de cultivos y ganadería; humilló militares; persiguió opositores, banqueros, estudiantes, periodistas y empresarios.
Expulsó diplomáticos, maldijo países, ofendió sacerdotes, apoyó dictadores, terroristas y opresores, rompió relaciones con países amigos y socios estratégicos de Venezuela, regaló nuestros recursos. Y en el colmo de la ignorancia, sentía que se la estaba comiendo, cuando estaba destruyendo al país.
Todo un alarde del abuso de poder que lo caracterizó, pero que tenía un objetivo claro: asumir el control de todos los poderes, generar temor en la comunidad, acabar con la empresa privada y destruir las instituciones del Estado. Su tarea era obtener el control absoluto, para ponerlo al servicio del proyecto de Fidel y Raúl.
Nunca pensó en el futuro de los venezolanos, por eso no le importó arruinar PDVSA, destruir toda la producción de alimentos ni que el hampa se apropiara de la calle. Total, solo quería pobres y oprimidos, así concentraba los recursos y el poder.
Por eso nadie está preso ni por las empresas de maletín ni por las refinerías abandonadas ni por las hectáreas y empresas expropiadas que no producen nada. Ni por las comisiones ni las cuentas millonarias en el extranjero.
Nadie ha pagado por haber destruido el sistema de salud ni por los 250 mil venezolanos asesinados impunemente ni por la ruina de las empresas de Guayana. Tampoco por haber destruido los sistemas de vialidad, de energía eléctrica y el de agua potable.
Gobernó solo sin concertar con nadie, pero contó con muchos cómplices, quienes, por cobardía, por intereses económicos, políticos o por estar comprometidos con causas extraterritoriales, no dudaron en dejarlo hacer. Siempre y cuando obtuvieran sus respectivas tajadas.
Antes de irse dejó a Maduro, perfecto para finalizar la destrucción y vaya que no se equivocó. El aprendiz de brujo es más de lo mismo, pero más bruto. Cuenta con un pajarraco que se le aparece y solo vive para evitar perder el poder. Aunque tenga que violar el ordenamiento jurídico.
Sus cómplices, desde sus respectivos programas, intentan manipular la opinión pública, como rebaños salen a mentir para apoyar sus abusos de poder. Maduro da pasos antidemocráticos irreversibles, pretende disolver la Asamblea Nacional. Mientras ella exista, todas las actuaciones realizadas por el régimen y que necesitaban de su aprobación, son nulas e ilegales, delitos por los que tendrán que responder.
No debería pasar por alto que, para los países democráticos del mundo, un jefe de Estado siempre podrá ser destituido cuando falte a sus deberes y su actuación sea incompatible con las funciones para las cuales fue elegido. Así como puede ser perseguido por la Corte Penal Internacional, por delitos contra la humanidad.
A pesar de que en la práctica el CNE y el TSJ se han convertido en órganos del partido chavista, tienen obligaciones constitucionales, cumplir órdenes del autócrata tampoco excusará su actuación. Ninguno de ellos tiene potestad para cambiar la Constitución, impedir el sentido legal del revocatorio, no realizar las elecciones regionales o aprobar el presupuesto fiscal para 2017 sin someterlo a la discusión del Parlamento, los pondrá al margen de la legalidad y de las instituciones democráticas del mundo.
La responsabilidad gubernamental es ineludible para todos los funcionarios, pero requiere de vigilancia permanente, cosa que no le gusta a los gobiernos autoritarios y corruptos, como tampoco les gusta garantizar la libertad ni hacer pública la información oficial que permita evaluar su gestión.
De allí la necesidad de que los actos del Gobierno sean transparentes, existe consenso internacional en este aspecto, así como en los elementos que la garantizan, tales como la libertad de información, la legislación que protege a los denunciantes y la labor de las ONG que realizan una importante labor de supervisión.
En el caso venezolano, son múltiples las acusaciones que apuntan al Gobierno, partidos políticos, gobiernos, expresidentes, ONG, parlamentos, organizaciones internacionales, todos coinciden en señalar la falta de transparencia, las condiciones de vida insoportables y el irrespeto a las libertades fundamentales, por parte del gobierno de Maduro.
Un cerco que se estrecha cada día, conscientes que ningún gobierno puede ser eficaz si es corrupto y no respeta los derechos humanos. Ni si sus instituciones o funcionarios carecen de integridad, o tienen motivaciones que responden a intereses extranjeros o a su beneficio personal, en lugar del bienestar de su pueblo.
El 80 % de los venezolanos no espera más, ha manifestado el camino que desea tomar, tiene sus prioridades y la voluntad. Aspira reunir todas las fuerzas nacionales para encontrar la solución a los problemas. Tiene la autoridad moral para destituir a Maduro, las razones están a la vista, pero sobre todo cuenta, desde lo más profundo de su ser, con su dignidad.