En la lista de sancionados se presentan al ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Alfredo Pérez Ampueda y la fiscal general militar, Siria Venero de Guerrero
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los altos mandos de las fuerzas de seguridad en Venezuela que respondan por los “abusos generalizados” cometidos por sus subordinados y por “los juicios de civiles ante la justicia militar” en el marco de la actual oleada de protestas.
HRW señala, en su informe presentado ayer en Washington, a seis altos cargos venezolanos, dos de los cuales ya han sido objeto de sanciones de EEUU: el mayor general Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Los otros cuatro cargos en la lista de HRW son el ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional, Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Alfredo Pérez Ampueda y la fiscal general militar, Siria Venero de Guerrero.
“Esperemos que nuestros señalamientos sirvan para sustentar acciones penales o investigaciones en materia de derechos humanos o sanciones que se puedan extender a estas autoridades más allá de las que ya se encuentran sancionadas por EEUU”, dijo el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
En una rueda de prensa en Washington, el experto indicó que “esta lista va a crecer de una manera gradual pero probablemente con un número significativo”.
Tras ser preguntado ante quién deben responder estos altos cargos que señala la organización, Vivanco señaló que “pretender que estas autoridades puedan ser castigadas por instancias venezolanas no es realista en estos momentos”.
“No se puede aspirar a eso por el grado de concentración de poder, el Ejecutivo desde hace más de 10 años tiene un control directo y de subordinación total sobre el poder judicial, en particular el Tribunal Supremo de Justicia y sus distintas salas”.