En los primeros ochos meses de 2022, el Ministerio Público recibió en promedio tres denuncias diarias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes
Los recientes casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes divulgados en Venezuela encendieron las alarmas de los cuerpos institucionales. El asesinato de una niña de cinco años en el estado Carabobo y las violaciones recurrentes a un grupo de cinco niñas y adolescentes por parte de su abuelo en Petare, estado Miranda, levantaron las voces para frenar este tipo de abusos que, si bien no son nuevos, se incrementaron durante la pandemia de covid-19 sin una atención institucional fortalecida para prevenir y detener a los agresores.
La comisaria y experta en seguridad, Odalis Caldera, dijo que el incremento de este tipo de delitos coincidió con el encierro obligado en un mismo espacio por la pandemia, cuestión que fue aprovechada por muchos agresores. El cierre de las escuelas y la falta de programas de información y orientación a niños y sus familias contribuyeron a debilitar un entorno de protección a este sector de la población.
Las autoridades venezolanas no han dado cifras desagregadas sobre este delito. A principios de septiembre de 2022, el Ministerio Público informó sobre 718 denuncias de abuso sexual contra menores durante los primeros ocho meses del año, es decir, un promedio de tres diarias.
El fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, no explicó cuántos de estos casos estaban en etapa de juicio o ya contaban con una sentencia condenatoria. Tampoco la atención brindada por su despacho a los niños y niñas víctimas de este delito.
Pero la comisaria Caldera advirtió, en una entrevista al circuito Éxitos, que existe “una cifra negra, que son casos que no son denunciados por cuestiones de moral, estatus social o que sencillamente la madre no quiere que se lleven al miembro de la familia detenido (…) Comúnmente este tipo de abusos se dan dentro del entorno de la víctima, por lo que se debe estar pendiente del comportamiento de niños, niñas y adolescentes”.
Varios cuerpos de seguridad, como el Cicpc, disponen de divisiones especializadas para la atención de este tipo de casos y que incluye la atención médica, psicológica y legal de los niños, niñas y adolescentes afectados. Estos organismos notifican directamente a la Fiscalía General para avanzar con un proceso penal.
En la medida que se denuncien casos, se está protegiendo a otros niños, aseveró la comisaria. «En la medida que no se denuncie a un agresor, va a seguir buscando víctimas».
Respuesta al abuso sexual
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, aseveró que 30% de los casos que reciben en el servicio de atención psicosocial de la institución están relacionados a violaciones a la integridad personal, mayormente casos de abuso sexual.
La primera recomendación que se puede dar, explicó el abogado, “es vencer la incredulidad, un agresor puede ser un profesional, que tenga una buena presencia o discurso, no es lo que nos venden las películas. Son personas cercanas que frecuentan a los niños, que tienen relaciones de confianza con los niños y niñas y se aprovechan de ellas para materializar la agresión”.
Resaltó que dentro de las familias o, en su defecto, los representantes deben estar atentos de las relaciones de los niños. “Cualquier familia puede estar sujeta a un entorno de violencia, por eso hay que estar preparados para evitar y abordar este tipo de abusos”.
El coordinador de Cecodap también destacó que un criterio universal cuando existe un reporte de abuso sexual es creerle a la víctima.
“Se debe entender que una víctima no denuncia cuando quiere, denuncia cuando puede. Eso implica superar un conjunto de obstáculos, de temores, incluso de culpa. Hay un conjunto de elementos que giran en torno a la violencia sexual, por ejemplo, las acusaciones de que la víctima lo provocó, de que la víctima lo merece, de que va a ser reprochado y, en el caso de los niños, castigado. Hay un conjunto de mitos, cuyo único antídoto es la formación, protección, promoción, hacer a los niños sujetos activos de su propia protección, formar a padres y maestros y que todas las personas estén atentos a la seguridad de los niños”, afirmó.
También destacó la poca o nula formación que reciben los niños, niñas y adolescentes dentros de los colegios e instituciones educativas, debido a que la educación en materia de salud sexual y reproductiva no forman parte del pensum de estudios. “Debemos entender que los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos, y eso implica formación y orientación decantada acorde a su edad y que permita aclarar dudas. No que los niños por sus propios medios reciban informaciones distorsionadas sobre estos temas, eso se vuelve un factor adicional de riesgo”.
El abogado también destacó la necesidad de que el Estado venezolano garantice una indemnización, rehabilitación, acompañamiento y garantías de satisfacción y no repetición a las víctimas de abuso sexual, debido al efecto devastador que tiene este tipo de violencia sobre sus vidas. «La atención no es solo al niño agredido, la atención debe ir a la víctima para que la familia desarrolle recursos de afrontamiento para que acompañen a ese niño o niña víctima. En este punto lamentablemente nuestras políticas públicas se han quedado cortas frente a los problemas que estamos viviendo».
“Tener al agresor condenado y con una sentencia firme no necesariamente le restituye a la víctima sus derechos (…) No basta tener una ley, una denuncia en Twitter, no basta ponernos unos lacitos verdes si esto no va acompañado de una acción contundente, de fortalecimiento institucional, políticas públicas e inversión”, recalcó.
Hay pocos servicios de atención psicosocial que atienden violencia sexual, y los servicios de la sociedad civil han ido cerrando por falta de financiamiento. En el caso de Cecodap, pueden llamar a los números 0212 – 9526269 y 0212 – 9526378. También pueden solicitar información a los correos cecodap.coordinación@gmail.com o cecodap.creciendosinviolencia@gmail.com.
Fuente: Tal Cual
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diciembre 7, 2024
