Aparentemente a Machado le aplicaron el numeral 2 del 39 por dejar de declarar unas cestas ticket de los tiempos cuando era diputada a la Asamblea Nacional
La insólita, extravagante e inconcebible medida de inhabilitación para ser electa a cargos de representación popular por un espacio de 12 meses, impuesta a la destacada dirigente María Corina Machado por el Contralor General de la República, no deja ver otra cosa que el terror que siente el régimen ante la paliza que según todos los muestreos de opinión pública le dará la popular líder al candidato del Psuv en el estado Miranda, y de paso convertirse en una especie de portaaviones para que se produzca un verdadero arrase de la plancha de la MUD en esa entidad federal.
A María Corina Machado, el órgano contralor le ha aplicado el artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción por presunta evasión de impuestos: “Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público”. 1. El funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaración jurada de patrimonio. 2. El funcionario público que falseare u ocultare los datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio o los suministrados en el procedimiento de verificación patrimonial-
Aparentemente a Machado le aplicaron el numeral 2 del 39 por dejar de declarar unas cestas ticket de los tiempos cuando era diputada a la Asamblea Nacional, porque no olvidemos que ella, la candidata más votada en las elecciones del 2010, fue destituida de su cargo de manera arbitraria por haber participado en unos actos de la OEA el 14 de marzo del año 2014, todo hecho al margen de la legalidad sin tener las dos terceras partes mediante las cuales se puede aplicar una medida como esa a un parlamentario.
De absurda y atroz ha sido calificada por la MUD la medida inhabilitante, y no es para menos porque la diputada Machado no ha manejado fondos públicos, sino que ha actuado, en el tiempo que ejerció su Diputación, como representante popular, con unas asignaciones que cancela la AN por ostentar esa investidura.
Lo que se ve por las costuras de la Contraloría General de la República es que están utilizando la Ley como garrote contra una lideresa con una popularidad pocas veces vista, que enfrentará al candidato de un régimen totalmente desacreditado, con cerca del 90 por ciento de rechazo popular. Ante tantos indicios de la derrota contundente que sufrirá en las parlamentarias, el régimen está como palo de gallinero.