La industria petrolera nacional se encuentra en una preocupante encrucijada, pues existe el temor latente de perder un importante terreno en el mercado internacional del petróleo si Estados Unidos decide reanudar las sanciones en su contra.
Según Bloomberg, apuesta a que Estados Unidos no reactivará todas sus sanciones por la inhabilitación de María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Sin embargo, en la industria petrolera del país, los operadores locales temen que se equivoque.
En general, las empresas petroleras y de gas y los contratistas temen que los incipientes acuerdos para importar todo tipo de productos, desde nuevos equipos de construcción hasta las conexiones con bancos estadounidenses, se rompan en abril si continúa la inhabilitación de los candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales de este año.
La actitud de los inversores
Así lo describe Rubén Pérez, director de Chemstrategy, una consultora de energía en Caracas: “Este es un revés importante para las pequeñas empresas, que viven el día a día de su flujo de efectivo”.
Agrega: “Las empresas más grandes han previsto este escenario y pueden resistir mejor. El sentimiento se mueve entre un optimismo cauteloso y caras sombrías”.
También podría incidir en la producción petrolera del país. De acuerdo con Fernando Ferreira, director de riesgo geopolítico de Rapidan Energy Group, una reimposición de las sanciones haría caer la producción petrolera del país un 30 %, hasta 600.000 barriles diarios, en cuestión de meses.
En enero, según datos de Bloomberg, la producción del país aumentó un 22 % con respecto al año anterior después de que EE. UU. suavizara las sanciones en octubre y permitiera a las empresas estadounidenses trabajar con Pdvsa.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó el mes pasado que Machado no era elegible para ocupar el cargo, haciendo caso omiso de la presión de EE. UU. para que le permitiera postularse contra Maduro.
La respuesta de Washington fue la de volver a imponer sanciones a las exportaciones de oro y afirmar que podría restablecer las sanciones petroleras en abril si Venezuela no corrige su rumbo.
Por su parte, el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, afirmó la semana pasada que el país está “preparado” si se renuevan las sanciones en la industria petrolera y está “abierto al diálogo” sobre el tema.
Pero la administración del presidente estadounidense Joe Biden tiene sus propias razones para no poner fin a las sanciones.
Un suministro más estable de crudo del país sudamericano podría ayudar a mantener bajo control los precios mundiales del petróleo y, lo que es más importante, los precios de la gasolina en Estados Unidos.
Biden, que podría enfrentarse a una dura campaña de reelección contra Donald Trump, también necesita encontrar formas de frenar la ola migratoria hacia Estados Unidos. Una economía venezolana más fuerte podría frenar los flujos migratorios.
Ejecutivos se pronuncian
No obstante, cuatro ejecutivos de la industria petrolera que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato dijeron que las renovadas tensiones les están haciendo preguntarse si sus recientes inversiones se desperdiciarán. Los empresarios pidieron no ser identificados por temor a las represalias del Gobierno.
Algunas empresas locales habían estado enviando representantes a EE. UU. para restablecer relaciones financieras y comerciales con proveedores estadounidenses.
Poco a poco, las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros estaban avanzando, incluso en la posible importación de equipos de construcción.
Pdvsa también había iniciado compras para sus instalaciones a través de terceros, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada al discutir deliberaciones privadas. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La Licencia 44, como se conoce a la liberación de las sanciones de EE. UU., fue vista inicialmente por las empresas locales como un “impulso positivo para la demanda de trabajo a partir del primer trimestre de 2024, pero esto no se ha cumplido todavía”, dijo César Parra, director de la empresa de ingeniería y construcción Dicca.
Se necesitan obras de mantenimiento e inversiones en el estado de Zulia, cuna de la industria petrolera de Venezuela, donde opera su empresa, dijo.
Desde el levantamiento de las sanciones en octubre, las empresas estatales National Gas Co. de Trinidad y Shell Plc han obtenido licencias de exportación, mientras que Repsol SA y Maurel et Prom han firmado nuevos acuerdos para aumentar la producción.
Delegaciones de la mexicana Pemex, la boliviana YPFB y la indonesia Pertamina visitaron el país para estudiar asociaciones petroleras y gasísticas, aunque no se firmaron acuerdos importantes.
No está claro si estos acuerdos sobrevivirían a una reimposición de las sanciones. Sin embargo, Trinidad recibió garantías del gobierno estadounidense a finales de enero de que se mantendría una licencia sobre el proyecto clave de importación de gas en el que participaban Shell y Venezuela, según un informe.
Fuente: Banca y Negocios.
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