Amnistía Internacional (AI) reveló este martes 15 de julio que el gobierno de Nicolás Maduro “cometió y sigue cometiendo desapariciones forzadas” como parte “de una política de represión a la disidencia y a quienes percibe como tales”.
La información la dio a conocer en un informe publicado en su portal web, titulado: “Detenciones sin rastro, el crimen de la desaparición forzada en Venezuela”.
La organización afirmó que se cometen “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” como parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra los venezolanos.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido”, expresó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Reiteró que la comunidad internacional “no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos” en el país ante “la escala y gravedad de los crímenes que se cometen”.
Instó a que esta “movilice la conciencia del mundo e impulse la acción de la justicia internacional”.
El informe también señala que las estrategias de represión “surgieron en un patrón conocido y concurrente”, siendo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los “organismos mayormente responsables”.
Alegó que “en todos los casos los motivos fueron políticos”, ya que las víctimas “fueron detenidas por participar en protestas, transportar a personas, o por tener algún afín con partidos políticos opositores”.
Asimismo, destacó las sedes de la Dgcim en Boleíta, del Sebin en El Helicoide, y de Rodeo I como los lugares “más usados por el Estado para tener a personas en desaparición forzada”.
Especificó que “las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; la utilización de tribunales carentes de independencia; la anulación de facto del recurso de habeas corpus de la víctima; y la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política”.
Aseveró que las personas “recibieron torturas o sufrieron malos tratos con el objetivo de fabricar una confesión o forzar un testimonio que incrimine a terceros”.
Instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a avanzar “de manera firme sobre la situación en Venezuela y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en la investigación”.
Pidió a las autoridades venezolanas que pongan “fin a la práctica de desapariciones forzadas sin excusas ni demoras”, y a la comunidad internacional que utilice “todos los canales diplomáticos para presionar a Venezuela hasta que informen el paradero o lleven a cabo la liberación de las personas detenidas”.
“También debe solicitarse cualquier otra forma de jurisdicción extraterritorial para investigar y, de existir evidencia suficiente, procesar a cualquier sospechoso de cometer una desaparición forzada”, concluyó.
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