El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló este miércoles 22 de enero que 21 adolescentes estuvieron recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, en Miranda, en “condiciones inhumanas”.
Esto fue detallado en un informe titulado “Inframundo: La amenaza oculta en los calabozos de Zona 7”, publicado en la cuenta de la red social X del Observatorio.
Señaló que los muchachos “compartieron espacio con la población penal adulta” que se encontraba sin respetar “la separación por categorías”. Según testimonios de familiares, los menores de edad duraron menos de 6 días, pero a pesar de ello, adaptaron “su forma de expresarse” a la dinámica carcelaria para “evitar conflictos”.
El documento relata que en Boleíta hay aproximadamente 421 personas privadas de libertad, de las cuales 171 son llamados “polipresos”, detenidos que tienen acceso a baños, ventilación, luz solar y condiciones de descanso dignas.
También hay 250 aprehendidos llamados “presos sociales”, quienes según el OVP enfrentan “condiciones inhumanas en celdas saturadas y sin acceso a servicios básicos”.
Ratificaron que los adolescentes “no fueron golpeados por los policías” porque los “presos sociales” no lo permitieron, pues “con los menores nadie se mete”.
Indicaron que “cada área” del centro reclusorio tiene un precio. La primera es llamada “Área de los Polipresos”, un espacio donde están policías que fueron aprehendidos; “Celda King Kong”, una celda donde se debe pagar hasta 100 dólares para permanecer; “El Pantry”, un lugar abierto donde si pagan no están encerrados hasta las 6.00-7.00 de la noche.
La cuarta área es llamada “Celda de las Brujas”, donde se recluyen a los antisociales que “han cometido delitos de violación” o cosas “que un malandro no debería”; “Celda El Tigrito”, donde recluyen a los detenidos que llegan “y castigan” y, por último, “Celda del Inframundo”, en la que realizan presuntas torturas, pues, el espacio está “todo oscuro” entre “heces, orinas, cucarachas y roedores”.
El informe también desvela que “los familiares pagan” 5 dólares a los funcionarios para poder “visitar a los reclusos diariamente” y que los traslados a tribunales de los aprehendidos los cobran “entre 10, 15 y 20 dólares”.
Humberto Prado, director del OVP, ratificó que es necesario que Zona 7 “cierre” y quede “como un comando policial”, ya que, el área de reclusión “debe ser eliminada” y los presos tienen que “ser traslados a penales o deben revisar sus casos” para ser excarcelados.
Expresó que el Observatorio seguirá “alzando la voz” por el hecho de que “no les interesa el delito” sino que velan por “el privado de libertad y sus derechos” y en Zona 7 “los han dejado morir”.
#InformeOVP En Venezuela no existen centros de detención preventiva, los convirtieron en cárceles paralelas. Es imposible que los calabozos cuenten con espacios propicios para albergar a personas privadas de libertad por períodos prolongados. pic.twitter.com/82lvQNSVuo
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 22, 2025
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enero 18, 2025 - 11:45 am
