La inhabilitación política es una facultad del poder judicial que solo puede ser decretada por un juez; no hay otra clase de inhabilitación política
Este país, fue adalid en la lucha por las libertades ciudadanas en el continente; hoy, cuando estamos a merced de un régimen forajido, estamos en una situación dramática, no existe Estado de derecho, y eso es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad. El “comandante eternamente enterrado”, actuó haciendo lo que le daba su real gana, imponiendo decisiones contrarias al estamento jurídico, cambiando reglas de juego para perpetuarse, persiguiendo a la disidencia: encarcelando y desterrando.
Así mismo quieren hacer el engendro heredero y el diablodado; ambos tienen apetencias de poder y se combinan para generar una situación que les permita mantenerse en él; son capaces de todo, recurren al delito para lograr sus malsanos objetivos.
La inhabilitación inconstitucional que hacen de líderes democráticos, es para impedir que la MUD participe en las elecciones del 6-D. La inhabilitación de María Corina, Ceballos, Scarano y Pablo son burdas; hasta el Presidente de la OEA, que es ideológicamente afín al régimen, se ha manifestado diciendo “que las únicas inhabilitaciones políticas las hace el pueblo”.
La Constitución nacional en su artículo 39, dice: “Titulares de derecho y deberes consagrados en la Constitución Nacional y en consecuencia, ejercen la ciudadanía, los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política. Estos derechos no son otros que los de ser electos Presidente, Gobernador Alcalde, Diputados…”. Legalmente, la inhabilitación política es una pena accesoria a la pena principal de presidio; cumplida la condena o eliminada la misma por indulto, el ciudadano recupera sus derechos respectivos. La inhabilitación política es una facultad del poder judicial que solo puede ser decretada por un juez; no hay otra clase de inhabilitación política, y de existir, es de naturaleza inconstitucional.
¿Por qué el Contralor Manuel Galindo, no inhabilita políticamente a Diablodado? Este fue gobernador del estado Miranda, tiene un “expediente negro” con más de 17 denuncias en su contra por supuestos manejos delictuosos del erario regional; sin embargo, el TSJ no admitió ninguna y las declaró sobreseídas. Dichas denuncias las hizo, el Contralor del Estado Rafael Guzmán R. ¿Por qué usted señor Contralor no muestra al país la declaración jurada de Diablodado? ¿Sabe por qué no lo hace? porque es posible esconder la mano que roba, pero no la que gasta.