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El Gobierno chileno investiga presuntas sociedades en paraísos fiscales de la mayor empresa operadora del transporte público, Alsacia, en el marco de las filtraciones de los “papeles del paraíso”.
El Ministerio de Transportes anunció este jueves 9 de noviembre que estudia en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos (SII) el caso de la compañía chilena de controladores colombianos, ante posibles irregularidades tributarias.
La ministra Paola Tapia aseguró que el Ejecutivo “es el principal interesado en que esta situación se esclarezca a la brevedad”, por lo que el SII indaga los hechos a través de una red internacional de administraciones tributarias ligada a la OCDE.
Sin embargo, Tapia explicó a la radio Biobío que la firma negó la entrega de información respecto de sus cuentas “offshore” y las empresas con las que mantienen vínculos, debido a que la solicitud no se ajusta a lo establecido en el último contrato suscrito entre ambas partes en 2012.
Alsacia tiene a disposición más de mil autobuses del Transantiago, y obra desde hace más de una década en el país en sistemas urbanos de transporte masivo, no obstante la calidad de su servicio ha sido cuestionada en diversas oportunidades.
Según un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), Alsacia armó en Bermudas un esquema para manejar sus negocios en Chile, con cantidades de dinero que no se ajustan a la crítica situación financiera que arrastra la concesionaria, que incluso ha demandado una inyección de fondos mayor desde el Gobierno.
De acuerdo a la información difundida, esa endeble situación monetaria se debe “a las millonarias y poco conocidas transacciones de la concesionaria con distintas empresas relacionadas que le ofrecen servicios y que también operan en el país”.
Ciper reveló que la empresa, que en el papel está “al borde del colapso”, hizo pagos a sociedades chilenas, también controladas desde paraísos fiscales, hasta por 55,2 millones de dólares anuales.
Esto después de haberse acogido en 2004 a un plan de reestructuración para gestionar su deuda ante un tribunal de quiebras en Estados Unidos, en donde emitió un bono de 464 millones de dólares para financiar su participación en Chile.
Alsacia, que registra varios años de déficit patrimonial, problemas operacionales e incumplimientos con sus acreedores, demandó en junio pasado al Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por “incumplimiento de contrato”.
La entidad responsabilizó al Ministerio de Transportes de su mala situación financiera, después de anunciar a principio de año un proceso de reorganización y liquidación de deudas, que aún no se lleva a cabo.
De acuerdo con los contratos que mantiene con el Gobierno, Alsacia tiene un plazo de operaciones hasta 2018, pero podrá volver a postular a la licitación del próximo año si cumple con los requisitos establecidos, “como cualquier otro operador”, dijo hoy la ministra Paola Tapia.
Chile mantiene 32 convenios para evitar la doble tributación internacional, con el propósito de prevenir la evasión y elusión de impuestos, así como más de una decena de acuerdos bilaterales de intercambio de información.
En los “papeles del paraíso” además aparece mencionada la minera trasnacional basada en Suiza, Glencore, con un préstamo realizado desde Chile a una sociedad creada en Bermudas por 534 millones de dólares.
Glencore participa en el país suramericano en operaciones mineras en Lomas Bayas, Altonorte y Punitaqui, y es dueña del 44 % de la Inés de Collahuasi y del 66 % de Energía Austral, a cargo de un proyecto hidroeléctrico en la sureña región de Aysén.