Las autoridades brasileñas investigan al secretario de Justicia y Ciudadanía del estado de Roraima, André Fernandes, por haber usado a reclusos como obreros para una reforma en su residencia particular, informaron este martes fuentes oficiales
Las autoridades brasileñas investigan al secretario de Justicia y Ciudadanía del estado de Roraima, André Fernandes, por haber usado a reclusos como obreros para una reforma en su residencia particular, informaron este martes fuentes oficiales.
Un grupo de funcionarios de una cárcel de Boa Vista, capital de Roraima, denunció ante la Fiscalía que los presos fueron trasladados desde prisión hasta la casa del secretario para construir una cerca de madera.
“Existe la denuncia y el caso está siendo investigado”, confirmaron fuentes de la Fiscalía de Roraima, estado fronterizo con Venezuela, en el norte de Brasil.
La Secretaría de Justicia y Ciudadanía (Sejuc) de Roraima aseguró en un comunicado que ese tipo de trabajos, como el encargado por Fernandes, “forman parte de la rutina de la unidad penitenciaria”, en el marco del programa de resocialización para reducir las condenas a los reclusos.
“El trabajo fue incluso remunerado por el secretario, que pagó cerca de 750 reales (unos 180 dólares)”, señaló el organismo en la nota.
Además, aseguró que el secretario acompañó durante todo momento a los presos y que la actividad era de conocimiento de la dirección del penal y fue aprobada por el jefe de guardia.
“La gestión de la Sejuc considera que incentivar y valorar a los presos es la mejor forma de resocializarlos. De esta forma, continuará apoyando las acciones que contribuyan a este fin”, indicó en la nota.
Según publicó el portal G1, agentes penitenciarios grabaron en video a Fernandes cuando salió de la cárcel con dos presos, cargados con material de construcción que introdujeron en un vehículo oficial.
En el libro de registro de la cárcel no se informó del destino de los reclusos, aunque en él se destaca que ambos fueron acompañados por el secretario, de acuerdo con G1.
La ley de ejecución penal brasileña permite trabajos externos a los presidiarios en régimen cerrado “solamente” para ejecutar “servicios u obras públicas realizadas por órganos de la administración” o “entidades privadas”, desde que sean tomadas todas las providencias contra eventuales fugas.
diciembre 8, 2024
