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Las autoridades colombianas investigan la presunta desaparición y descuartizamiento de al menos un centenar de presos en una cárcel de Bogotá hace más de 15 años.
Caterina Heyck, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, dijo que las investigaciones iniciaron meses atrás con base en versiones que le han entregado a la Fiscalía paramilitares desmovilizados años atrás.
Heyck sostuvo que no tiene información sobre el hallazgo de restos óseos en la cárcel La Modelo de Bogotá y que las presuntas víctimas eran reclusos y familiares que ingresaban al penal en calidad de visitantes.
La fiscal especializada dijo que es poco probable que los cuerpos de las víctimas se encuentren en la cárcel porque presuntamente fueron desmembrados y arrojados al sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Las autoridades no han realizado excavaciones ni los familiares han denunciado públicamente estos hechos.
Los paramilitares “han contado… que había una guerra interna dentro del penal (entre paramilitares y guerrilleros) por el poder… y que también hubo prácticas de desaparición de personas”, dijo Hayec.
Uno de los denunciantes es Mario Mejía, un exparamilitar que confesó haber participado en el secuestro y abuso sexual del que fue víctima una periodista en el 2000.
El director del estatal Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, general Jorge Luis Ramírez, comentó que no poseía información sobre desaparecidos en esa cárcel bogotana pero reconoció que “la Fiscalía tiene sus indicios y por eso está haciendo estas investigaciones”.
El alto oficial observó que los hechos que investiga la Fiscalía sucedieron hace más de 15 años en momentos en que el conteo de presos no se podía hacer con la rigurosidad con que se hace hoy.
De todos modos no dudó en afirmar que la entidad a su cargo está presta a cualquier requerimiento de la Fiscalía e incluso habló de eventuales excavaciones para tratar de hallar a las supuestas víctimas.
El funcionario dijo que actualmente la Modelo tiene 4.802 internos en nueve pabellones. La población carcelaria del país asciende a los 172 mil internos en 136 penales.