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El incremento de los controles y la arbitrariedad darán lugar a un crecimiento de la burocracia y la corrupción. Son innumerables los episodios que narran los consumidores a las puertas de supermercados, abastos y farmacias, ante los escandalosos precios que deben pagar por los productos de primera necesidad, por no hablar de la falta de medicinas, que ponen en riesgo la salud y la vida. La creación de un Comando de Precios Justos, seguramente, resultará tan ineficiente como ha resultado la OLP, para detener la inseguridad y combatir el delito. Las inspecciones, el aumento de multas y las confiscaciones, que comenzarán en los próximos días, no servirán para aumentar la producción y la oferta de bienes y servicios.
Mientras, calculan los “precios justos”, las necesidades de los ciudadanos los obligarán a hacer maromas para evitar el hambre. Con los productos de la canasta básica, ocurrirá lo mismo que con la tasa de cambio del bolívar. Mientras se dice, que su precio justo es de Bs. 6,30 por dólar, nadie consigue divisas a este precio ni en las otras plataformas que ha desarrollado el Gobierno, porque la política cambiaria y monetaria también ha sido penetrada y pulverizada, como consecuencia de la supuesta guerra económica, sin reconocer que ha sido por culpa de la irracionalidad de las políticas, la que nos han conducido a donde estamos.
La arbitrariedad y la represión parecen ser las únicas vías que se le ocurren al Gobierno para enfrentar la crisis económica, a la que le ha conducido sus desatinos. Ante una inflación, que seguramente rondará el 200 por ciento, la repuesta que ofrecen las autoridades económicas es aumentar los controles de precios y las penalidades. Todos los precios serán fijados desde la Presidencia de República. Sin reparar en que ha sido precisamente el establecimiento de precios absurdos los que han provocado la escasez, la falta de producción y la aparición de mercados paralelos donde se cotizan los bienes desaparecidos en montos muy superiores a los oficiales. Eso creemos.