Jesús Ollarves, abogado de Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, afirmó que el equipo de la defensa no ha podido comunicarse con el dirigente desde el pasado viernes a las 9:00 de la noche, cuando se celebró la audiencia de presentación
Durante un programa en Unión Radio, denunció además que El Helicoide no reúne las condiciones mínimas que debe tener un lugar de reclusión e instó al Ministerio Público a velar por la garantía de los derechos fundamentales de su defendido.
Al grito de “liberen a Manuel”, los jóvenes zulianos se apostaron ayer a las afueras de la Defensoría del Pueblo para exigirle a ese organismo que interceda en el caso del exgobernador del Zulia, preso político, quien a motu proprio se entregó el pasado jueves a la justicia venezolana.
Yorman Barillas, presidente de la Federación de Centros Universitarios de LUZ (FCU-LUZ) y candidato suplente al Parlamento, aseguró que el movimiento estudiantil ve con mucha “indignación” cómo el Ejecutivo encarcela al dirigente opositor que “modernizó” Maracaibo y no a “los bandidos que se robaron los dólares de Cadivi, los que dejaron podrir la comida de PDVAL y a quienes defalcaron a la nación”.
En un documento que le entregaron a Rossana Spera, defensora cuarta del estado, los estudiantes afirmaron que la declaración de Eladio Aponte Aponte, el exmagistrado que aceptó públicamente que había recibido órdenes de funcionarios del Gobierno nacional para perseguir a Rosales, es un argumento de peso para que el dirigente se encontrara en libertad.
“Exigimos a la Defensoría que se pronuncie sobre la violación de los derechos humanos y constitucionales de Rosales y de los demás presos políticos, como Leopoldo López y Daniel Ceballos “, comentó Barillas, quien pidió la liberación inmediata de todos los perseguidos.
“Le decimos a la Defensoría que defienda al pueblo y no su puesto, que se pronuncie, que tome cartas en el asunto, pues de no ser así, los jóvenes vamos a tomar las calles de Maracaibo”.
Abelardo Achkar, dirigente estudiantil de la Urbe, lamentó que las instituciones continúen al servicio de un partido y sean utilizadas para perseguir a quienes no están de acuerdo con un modelo político “fracasado”. “Le decimos a los venezolanos que no nos desanimemos, que los jueces y los fiscales no están ni en el TSJ ni en la Fiscalía. Los jueces somos nosotros, que con nuestros votos vamos a liberar a todos los que pagan cárcel injustamente”.
El 12 de noviembre
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, afirmó en su programa radial que los derechos procesales del exalcalde de Maracaibo están “garantizados”. “El Ministerio Público cuenta con elementos sólidos y quedará demostrado en juicio quién tiene la razón y él podrá alegar durante el juicio lo que considere”, dijo la funcionaria, quien ratificó que el 12 de noviembre es la audiencia preliminar del juicio y adelantó que el Ministerio Público ya designó a los fiscales del caso.