La justicia de Curazao ordenó a un asesor financiero de la isla pagar más de 820 mil dólares a un expresidente de Bariven, filial de compras internacionales de Pdvsa, resultado de inversiones hechas hasta el momento en que lo detuvieron en Venezuela por corrupción.
La sentencia fue emitida el pasado 10 de febrero por el magistrado de lo civil Pieter de Kort en contra de un hombre que “proporciona asesoramiento y servicios financieros internacionales”. En este caso, actuó como intermediario para la firma G-Trust Curacao BV, tras entablar un acuerdo de referencia en octubre de 2015.
El nombre del demandante no fue precisado en el fallo, en atención a las pautas de “anonimización” que siguen los juzgados de las islas del Caribe Neerlandés. Sin embargo, se señala que el funcionario venezolano estuvo al frente de Bariven hasta octubre de 2017, cuando fue detenido y “acusado de corrupción”.
Se trataría entonces de Francisco Jiménez Yusti, cuya aprehensión fue informada en esa fecha por el fiscal general, Tarek William Saab.
Según Saab, a Jiménez Yusti le fueron imputados los delitos de “asociación para delinquir, peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios”. En aquella oportunidad fueron privados de libertad otros dos funcionarios de la estatal, encargada de las adquisiciones en el exterior para la industria petrolera.
Jiménez Yusti permaneció detenido hasta noviembre de 2019. Según los registros judiciales, al quedar en libertad inició una revisión de los activos que se administraron a través de una fundación creada junto a los asesores curazoleños, llamada SPF Rafa.
En total, a través de esta entidad fueron cursados 2,35 millones de dólares. Parte de estos fondos fue usada para las compras de dos apartamentos en Punta Cana (República Dominicana) e igual número en Valencia. Pero aún restaba por precisar el paradero de 844 mil dólares.
Negocios informales
La demanda del expresidente de Bariven y su cónyuge exigía que los asesores pagaran 1,4 millones de dólares más los intereses devengados durante los últimos seis años. Pero el magistrado no pudo respaldar esta solicitud.
Al evaluar los recaudos presentados por ambas partes, dictaminó que todo el proceso se caracterizó por la “falta de registro por las partes de sus acuerdos e implementación”.
“Según los demandantes, por otro lado, los demandantes han tenido puestos bien remunerados durante muchos años, se trataba de dinero de ingresos regulares y era su intención hacer provisiones para después de su jubilación a través de SPF Rafa”, relató el juez.
Para de Kort, la forma cómo el expresidente de Bariven y los asesores financieros de la isla hacían sus negocios era “ciertamente informal, si no turbia”.
Aunque los asesores financieros negaron adeudar al exfuncionario los 820 mil dólares, el juez indicó que ellos tampoco presentaron algún documento que lo probara. En cambio, sí había una constancia de que tal cantidad era un saldo restante de un monto mayor, depositado en la banca estadounidense. Por esta razón, De Kort asumió que forma parte de la deuda.
En la sentencia, el juez también dictaminó que se deben presentar los documentos de compra-venta de los inmuebles en Dominicana, denominados en los registros Downtown Punta Cana. Cuando se hizo la inversión, los apartamentos apenas estaban en planos y se desconoce si ya fueron entregados.
En el proceso, G-Trust intentó deslindarse del asesor financiero que captó al funcionario venezolano, argumentando que este utilizó el logo de la empresa para documentos que fueron consignados en el expediente.
Fuente: Crónicas del Caribe
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