El juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, James Boasberg, dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump debe ofrecer a los más de 100 migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador la posibilidad de impugnar sus deportaciones.
Los migrantes fueron trasladados en marzo bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y, según el juez, no han tenido oportunidad de responder formalmente a las acusaciones que los vinculan con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por lo que ordenó al gobierno establecer un mecanismo que les permita ejercer su derecho a la defensa.
En su fallo, advirtió sobre la existencia de “evidencia significativa” que apunta a que muchos de los detenidos no tienen relación con la organización criminal, pero “languidecen en una prisión extranjera gracias a acusaciones endebles, e incluso frívolas”.
Boasberg fijó un plazo de una semana para que el gobierno defina cómo permitirá que los “al menos 137” migrantes afectados, la mayoría de ellos venezolanos, presenten sus reclamaciones, incluso mientras permanecen bajo custodia formal de El Salvador.
Después de que Trump invocara en marzo la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a los migrantes a El Salvador, sin permitirles acceso a tribunales estadounidenses, el juez Boasberg ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos, pero fue ignorado.
El juez encontró causa probable para declarar al gobierno en desacato y subrayó que los migrantes fueron enviados fuera del país sin la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra.
La Corte Suprema ya había determinado que cualquier persona acusada bajo esa ley tiene derecho a apelar y Boasberg explicó que su decisión se basa en hacer cumplir ese principio.
Asimismo, expresó dudas sobre la versión oficial del gobierno sobre el acuerdo con El Salvador y criticó lo que calificó como un patrón de comportamiento preocupante en el manejo del caso.
Señaló que el gobierno debe corregir el proceso y tratar los casos como “si el gobierno no hubiera proporcionado un proceso constitucionalmente inadecuado”.
Fuente: AP News.
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