Un juez federal dio este lunes 17 de marzo un plazo hasta este martes al gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que entregue detalles sobre los aviones cargados de venezolanos que deportó con destino a El Salvador a pesar de las órdenes de no hacerlo, en un inminente enfrentamiento sobre el poder presidencial.
El republicano afirma que los venezolanos deportados son miembros de la banda criminal Tren de Aragua, a la que designó como Organización Terrorista Extranjera. La Casa Blanca publicó el pasado sábado una proclamación de Trump que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para declarar que la pandilla estaba llevando a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos.
Más tarde, el sábado, el juez federal de distrito, James Boasberg, emitió una orden bloqueando las deportaciones, pero los vuelos continuaron de todos modos y 261 personas fueron trasladadas a El Salvador.
Un abogado de la Administración de Trump argumentó que la decisión oral inicial del juez de bloquear los vuelos fue reemplazada por una orden escrita más escasamente emitida posteriormente, y que el Gobierno tenía el derecho legal de continuar con los vuelos una vez que hubieran abandonado el espacio aéreo estadounidense.
Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha buscado ampliar los límites del Poder Ejecutivo, desafiando los controles y equilibrios históricos entre las ramas del Gobierno estadounidense.
Durante una audiencia judicial este lunes, Boasberg presionó repetidamente al abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, para que proporcionara detalles sobre el momento de los vuelos que transportaron a los venezolanos a El Salvador, incluso si despegaron después de que se emitió su orden.
“¿Por qué te presentas hoy sin respuestas?”, preguntó Boasberg.
El juez está tratando de determinar la cronología exacta de los acontecimientos que rodearon sus fallos del sábado, incluido cuándo despegaron los vuelos y quiénes estaban en ellos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que 261 personas fueron deportadas en total, incluyendo 137 expulsadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y más de 100 expulsadas mediante procedimientos migratorios estándar. También había 23 salvadoreños miembros de la pandilla MS-13, añadió.
Solicitan detalles de la línea de tiempo
Según una cronología de Reuters, la decisión oral de Boasberg de que “cualquier avión que lleve a estas personas… Debe ser devuelto a Estados Unidos” se emitió entre las 6.45 y las 6.48 de la tarde, hora del este. A esa hora, dos vuelos estaban en el aire.
Un tercer vuelo despegó a las 7.37 de la noche, o 12 minutos después de la publicación de la orden escrita del juez. El equipo de Trump ha afirmado que el tercer vuelo transportaba deportados procesados bajo otras autoridades migratorias y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que no estaba sujeto a la orden.
En cualquier caso, los tres vuelos, que hicieron una escala preliminar en Honduras, aterrizaron en El Salvador la noche del sábado o la mañana del domingo, hora del este, horas después de las decisiones orales y escritas del juez.
Cuando Boasberg solicitó dichos detalles, algunos de los cuales estaban disponibles en sitios públicos de seguimiento de vuelos, Kambli le dijo al juez que la Administración de Trump se resistía a compartir información porque había “mucha seguridad nacional operativa y relaciones exteriores en riesgo”.
Aunque el “Tren de Aragua” es una temida organización criminal que trafica con personas en América del Sur, hay poca evidencia documentada de operaciones a gran escala en Estados Unidos.
La Casa Blanca afirma que los tribunales federales carecen de jurisdicción sobre la autoridad de Trump para expulsar a enemigos extranjeros según la ley del siglo XVIII. En la audiencia, el Gobierno argumentó que la jurisdicción del tribunal estaba limitada por el estatuto.
Boasberg presionó a Kambli sobre por qué la Administración de Trump no apeló ni resolvió las disputas en los tribunales en lugar de permitir que los vuelos de deportación continuaran. “¿No sería mejor devolver los aviones a Estados Unidos?”, preguntó el juez.
En otro momento, Boasberg dijo que era “una gran exageración” que la Administración de Trump argumentara que su orden oral emitida el sábado para devolver los aviones no estaba en vigor porque no había repetido en la orden escrita.
Varios expertos legales dijeron que las deportaciones equivalían a que la Administración de Trump desafiaba la orden del juez.
Finalmente, Boasberg ordenó al Gobierno que antes del mediodía de este martes proporcione detalles como los horarios de salida y llegada de los vuelos a países extranjeros, el número de personas deportadas y por qué el Gobierno no cree que pueda hacer pública esa información.
La sesión de este lunes fue motivada por una audiencia de emergencia el sábado en la que Boasberg aceptó una solicitud de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de emitir un bloqueo temporal de dos semanas al uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para llevar a cabo las deportaciones.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), Lee Gelernt, planteó la idea de si las acciones de la Administración de Trump podrían desencadenar una crisis constitucional y dijo en la audiencia: “Creo que nos estamos acercando mucho a eso”.
Gelernt cuestionó además la afirmación de Trump de que los inmigrantes deportados pertenecían al “Tren de Aragua”, diciendo: “Ha sido una costumbre de la Administración de Trump exagerar el peligro de las personas que han arrestado”.
Fuente: Reuters
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