Brian Murphy, juez federal en Boston, impuso este viernes 28 de marzo un freno temporal a las deportaciones de inmigrantes a países con los que no tienen relación previa, sin antes permitirles argumentar si enfrentarían tortura o persecución, lo que representa un nuevo revés judicial para la Administración de Donald Trump en su política migratoria.
La orden responde a una demanda interpuesta el domingo por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que pedía detener la reubicación rápida de personas a terceros países.
El fallo también protege a quienes enfrentan deportación a naciones como El Salvador, donde 238 venezolanos, señalados como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua, fueron trasladados y encarcelados en la megaprisión del presidente Nayib Bukele.
Murphy determinó que los inmigrantes deben recibir una notificación escrita y contar con la oportunidad de presentar una declaración basada en el miedo de ser enviados a otro país que no sea el establecido por una Corte de Inmigración.
La orden bloquea el traslado de “cualquier individuo sujeto a una orden final de deportación de Estados Unidos a un tercer país distinto al designado para remoción en los procedimientos de inmigración” a menos y hasta que se le notifique por escrito de la decisión y tenga oportunidad de presentar una aplicación con base en la Convención contra la Tortura ante los tribunales de inmigración, y si se presenta, deben esperar que se emita una decisión ante dicha aplicación.
“Si su posición hoy es que no tenemos que notificarles, y enviarlos a otro país al que la Corte de Inmigración no ha dicho, es algo sorprenderte de oír al Gobierno decir”, le dijo al abogado del Departamento de Justicia, reportó la agencia de noticias Reuters.
El Departamento de Justicia argumentó que permitir que los inmigrantes desafíen la deportación a un tercer país tras perder sus casos de inmigración interferiría con la aplicación de la ley, informó por su parte la agencia The Associated Press.
Murphy, quien fue designado por el expresidente Joe Biden, falló a favor de los grupos de defensa, entre ellos la National Immigration Litigation Alliance, y su orden se aplica solo de manera temporal mientras las cortes siguen decidiendo sobre el caso.
La decisión del magistrado llega el mismo día que la Administración Trump pidió a la Corte Suprema que le permita usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones aceleradas, luego de que el juez federal James Boasberg bloqueara su uso, lo que los ha sumido en una batalla legal tras el envío de cientos de migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador.
Boasberg había ordenado que cualquier vuelo con inmigrantes regresara inmediatamente a Estados Unidos: el Gobierno sigue sin explicar si los aviones a El Salvador partieron tras su decisión o por qué no volvieron cuando lo ordenó; tampoco ha aclarado cómo determinó que los deportados pertenecían a la pandilla Tren de Aragua.
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