Un juez federal de California detuvo este lunes 31 de marzo el intento del gobierno de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos en Estados Unidos.
El magistrado Edward Chen puso en pausa la medida tomada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, al considerar que su implementación podría causar “un daño irreparable” a los beneficiarios cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos.
Además de costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país.
Según el fallo, el gobierno no logró demostrar que mantener esta protección represente un perjuicio significativo que justifique su eliminación.
La semana pasada, beneficiarios del TPS para Venezuela y Haití, a través de la Alianza Nacional del TPS, solicitaron la suspensión de la orden de la Casa Blanca, que los pondría en riesgo de deportación en los próximos meses.
El TPS brinda protección contra la deportación a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro.
Venezuela fue designada para este beneficio en marzo de 2021, durante la Administración de Joe Biden, debido a la crisis humanitaria en el país.
Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, el Gobierno de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales.
La Alianza TPS, que demandó al Gobierno, se formó tras el primer intento de Trump en 2018 de finalizar el TPS a por lo menos seis países y que fue derrotado en un tribunal federal.
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