Un juez de Nuevo México, en Estados Unidos, renunció a su puesto después de que autoridades migratorias arrestaran en una de sus propiedades a un indocumentado venezolano, supuestamente vinculado con el “Tren de Aragua”, divulgaron medios locales este lunes 21 de abril.
José Joel Cano, juez del condado de Doña Ana por cerca de 15 años, renunció el pasado marzo después de que las autoridades de inmigración allanaran una de sus propiedades en Las Cruces, en Nuevo México, y detuvieran a Cristhian Ortega López, de 23 años, informó este lunes la televisora FOX.
Ortega López ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2023 por Eagle Pass (Texas) y fue puesto en libertad condicional.
El inmigrante venezolano, establecido en El Paso (Texas), entabló una amistad con la esposa y la hija del juez, después de hacer unos trabajos de construcción en una propiedad del magistrado.
Los familiares del juez le permitieron a Ortega López quedarse en una pequeña edificación aledaña a la casa principal. El joven informó a las autoridades migratorias sobre su nueva dirección.
Agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) comenzaron a investigar los supuestos lazos del inmigrante con el “Tren de Aragua”, en enero pasado, según documentos judiciales citados por la televisora, lo que derivó en su arresto.
Ortega López fue acusado por posesión de armas. Varias fotografías publicadas en redes sociales muestran al joven inmigrante sosteniendo armas y, en su tiempo libre, supuestamente participaba en entrenamientos en un campo de tiro.
La fiscalía afirma que April Cano, la hija del juez “quien poseía una gran cantidad de armas de fuego”, le permitía portar y, en ocasiones, disparar varias armas de fuego, presuntamente incluyendo rifles y una pistola, al inmigrante, de acuerdo a documentos citados por el periódico Albuquerque Journal.
Bajo la ley federal estadounidense, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a poseer armas o dispararles.
No está claro cuáles son las evidencias que vinculen a Ortega López con la banda originaria de la cárcel de Tocorón, en Aragua, las autoridades aún investigan si Cano, su esposa y la hija podrían ser acusados de encubrimiento, complicidad o apoyo material a una organización criminal extranjera.
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