La jueza federal Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó este viernes suspender el uso de la deportación acelerada aplicada por el Gobierno del presidente Donald Trump para expulsar de manera inmediata a inmigrantes en libertad condicional dentro de Estados Unidos.
La medida protege a cientos de miles de personas que ingresaron al país huyendo de la persecución en sus países de origen y bajo programas autorizados, como la Operación Aliados Bienvenidos y el plan de patrocinio para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).
El fallo responde a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, que argumentaron que el Ejecutivo está aplicando un proceso “profundamente defectuoso” al impedir que los inmigrantes tengan acceso a una audiencia y representación legal.
En su decisión, Cobs indicó que el caso plantea “una cuestión de equidad”, ya que los afectados ingresaron a EE. UU. conforme a reglas vigentes, pero ahora el Gobierno pretende cambiarlas, a pesar de que la ley lo prohíbe.
La magistrada también cuestionó los métodos de detención empleados, señalando que “detener a personas en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil, sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar”.
El bloqueo representa un nuevo revés para la administración Trump, que se propuso a aumentar las deportaciones hasta 800 por día.
En marzo, la Casa Blanca derogó el beneficio migratorio CHNV, que permitió a más de 530 000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residir y trabajar temporalmente en EE. UU.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la eliminación señalando que el programa “no aporta un beneficio público significativo” y “es incompatible con los objetivos de política exterior”.
Angélica Salas, directora de Chirla, destacó que los inmigrantes demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió” y merecen “la dignidad de un día en la corte”.
Por su parte, Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió que la lucha “está lejos de terminar” y continuarán litigando para que la orden temporal se convierta en permanente.
La Casa Blanca enfrenta otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV.
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