La jueza federal Maame Frimpong ordenó este viernes detener las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California, en las que se arrestan a personas según su color de piel, idioma o lugar en el que se encuentran, según denuncias presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
La magistrada también prohibió al Gobierno de Estados Unidos restringir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en el edificio federal B-18, en el centro de Los Ángeles, incluyendo fines de semana y días feriados.
La decisión fue motivada por una demanda presentada por personas afectadas y organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), quienes alertaron sobre detenciones sin justificación y con uso excesivo de la fuerza en estaciones de autobús, lavaderos de autos y campos agrícolas.
Uno de los casos que impulsó la demanda ocurrió el 22 de junio, cuando hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos virales.
Enmanuel, uno de los dueños del lugar, denunció que los agentes ingresaron a zonas restringidas como los túneles donde está la maquinaria y usaron fuerza desmedida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las acusaciones y las calificó de “repugnantes y categóricamente falsas”. No obstante, la jueza Frimpong ordenó que los agentes de inmigración no podrán detener personas sin una sospecha razonable ni basarse en factores como raza, idioma, tipo de trabajo o lugar donde se encuentren.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, afirmó Mohammad Tajsar, abogado de ACLU SoCal.
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