El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, en Colombia, ordenó medidas cautelares contra la empresa Jacadi de Colombia S. A., cuyos principales representantes eran Alex Saab y su exesposa Cyntia Eugenia Ceratin Ospina, según reveló un informe de la revista Semana.
De acuerdo con la revista, la decisión revive el proceso contra Saab por actividades “relacionadas con el lavado de activos y enriquecimiento ilícito mediante una de sus empresas dedicadas, en el papel, a la exportación e importación de textiles”.
En la decisión, se ordena el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.
También se ordena revisar las cuentas de las empresas Shatex S. A. (mencionada varias veces en el proceso contra Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito); además de los CDT, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan restringir cualquier posibilidad de mover recursos a través de las compañías involucradas.
En total, el juzgado ordenó el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos de las mencionadas cuentas bancarias de la pareja.
“Consignar los dineros retenidos en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia a órdenes de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito”, cita la orden judicial.
Para el despacho judicial, las solicitudes elevadas por la parte demandada sobre “nuevas medidas cautelares” eran procedentes con el fin de “resarcir de una vez por todas los daños causados con las acciones financieras y contables realizadas por la empresa del binomio Saab-Certain”.
En contexto
El pasado 16 de mayo, el gobierno de Venezuela confirmó la deportación a Estados Unidos del empresario Alex Saab, según un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
El organismo señaló que la decisión se tomó debido a que Saab estaría vinculado a diversos procesos judiciales en Estados Unidos, los cuales fueron calificados como “públicos, notorios y comunicacionales”.
La decisión ocurre cuatro meses después de que la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, anunciara la salida de Saab del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, cartera que ocupaba desde octubre de 2024.
En ese sentido, el 18 de mayo, Saab compareció ante un tribunal en Miami. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la audiencia se realizó en el marco de una acusación formal hecha pública en el Distrito Sur de Florida, donde se le señala por su presunta participación en una “extensa conspiración internacional de lavado de dinero” vinculada a la “corrupción y la explotación” de un programa de asistencia social venezolano destinado a la entrega de alimentos a población vulnerable.
De acuerdo con registros judiciales, Saab, de 55 años, habría conspirado junto a otras personas para “sobornar a funcionarios públicos venezolanos” con el fin de obtener contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados a la importación de alimentos hacia Venezuela.
El Departamento de Justicia sostuvo que Saab está acusado de “conspirar con otros” para “falsear fraudulentamente” el origen y la naturaleza de los suministros alimenticios, incluyendo la “falsificación de documentación” relacionada con importaciones desde Colombia y México.
“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y rendirá cuentas plenamente ante la ley estadounidense por su presunta participación en este plan”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche, citado en el comunicado.
Por su parte, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva señaló que Saab habría utilizado bancos estadounidenses para presuntamente “blanquear cientos de millones de dólares” vinculados a recursos desviados del programa alimentario venezolano y de “las ganancias de la venta ilegal” de petróleo. Añadió que la División Penal “no permitirá el uso del sistema financiero estadounidense como refugio para ganancias derivadas de la corrupción”.
En la misma línea, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones explicó que la acusación sostiene que dicho programa de alimentos habría sido utilizado para “enriquecimiento personal”. Indicó que, según los cargos, se habrían empleado “sobornos, empresas fantasmas y documentación fraudulenta” para desviar fondos, y recordó que el acusado se “presume inocente” hasta que se demuestre su culpabilidad.
Fuente: Revista Semana/El Cooperante
¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://chat.whatsapp.com/FjkHAVBJtbNJnJm5DMs4Yh. Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb