Apátridas son los que se han burlado de las decisiones del pueblo y han violado los principios de la democracia y de la convivencia pacífica. ¡Ellos tienen que responder!
La democracia en Venezuela está proscrita por un gobierno irresponsable que ha humillado a una ciudadanía que lo repudia. El pueblo al que los golpistas del 92 ponderaban y exaltaban, es despreciado por quienes perdieron su apoyo y es sometido a vejámenes, en medio de una corrupción, que por sus dimensiones, se convierte en otra causa del desastre que vivimos.
La proscripción de la democracia se evidencia en la ausencia del respeto a la voluntad popular, la separación de poderes, la convocatoria a elecciones, entre otros. Esta falta de institucionalidad se profundizó desde el 6 de diciembre de 2015, cuando el Gobierno y su partido decidieron utilizar al TSJ para impedir que el nuevo Poder Legislativo pudiera cumplir con sus funciones, así como posponer cualquier proceso electoral. Quien piense que esa actuación es democrática desconoce la esencia de esta forma de vida.
Por ello, la posibilidad de que se aplique la Carta Democrática Interamericana se debe evaluar en su justa dimensión. Ni es la solución ni es la panacea, pero ¡cómo ayuda! Que importante es que la Organización de Estados Americanos discuta nuestro caso y, a través de su Consejo Permanente, disponga “…la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Esto es lo que establece el artículo 20 de la Carta que además prevé la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea General en caso de que las gestiones no den fruto.
La máxima sanción a la que podría ser sometido el Estado venezolano -no el pueblo, que en este caso es víctima de su gobierno- es la decisión de la Asamblea General de suspenderle su derecho de participación en la OEA. Mientras tanto, como lo establece el artículo 21 de la Carta, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado.
La Carta Democrática, en ninguno de sus artículos, establece la posibilidad de intervención de ningún Estado miembro. Eso quiere decir que cuando funcionarios del Gobierno y del PSUV hablan de esa posibilidad, simplemente están mintiendo. Y llamar apátridas y además pedir sanciones penales para quienes invoquemos la aplicación de ese instrumento en nuestro país, es desconocer nuestra realidad. Apátridas son los que se han burlado de las decisiones del pueblo y han violado los principios de la democracia y de la convivencia pacífica. ¡Ellos tienen que responder!