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La Casa Blanca defendió ayer la decisión del presidente Donald Trump de despedir a la fiscal general interina, Sally Yates, por cuestionar el veto a inmigrantes y refugiados, y advirtió contra futuros disensos dentro del gabinete, cuya misión principal debe ser “cumplir” la agenda del mandatario.
Yates, quien ordenó a sus subordinados en el Departamento de Justicia no defender en los tribunales el veto impuesto por Trump, con el argumento de que no estaba “convencida” de que la medida del presidente sea “legal”, fue “lícitamente apartada” del cargo, según explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Como fiscal general en funciones, a Yates “se le exige ejecutar órdenes legales” y optó por no hacerlo “en un tono desafiante”, sostuvo Spicer.
Según el portavoz, si Yates llegó a la conclusión de que no podía defender la orden firmada por Trump el viernes y que prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de todos los refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, debería haber renunciado al cargo.
Eso no ocurrió y Trump decidió este lunes despedir de manera inmediata a Yates, a la que acusó de haber “traicionado” al Departamento de Justicia, y a la que llamó “débil” en lo que a seguridad fronteriza se refiere y “muy débil” frente a la inmigración ilegal.
A la espera de que el Senado confirme al nominado de Trump, el senador republicano Jeff Sessions, el nuevo fiscal general en funciones es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y quien se declaró “honrado” de trabajar para el Gobierno del magnate.
Defienden el veto
John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de EEUU, justificó ayer el veto a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes y defendió la ejecución, pese a reconocer que más de mil viajeros con documentos en regla no pudieron viajar o fueron detenidos desde que entró en vigor.
En una rueda de prensa en Washington, Kelly aseguró que la orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente Trump, no es una “prohibición de viaje contra musulmanes”, sino una “pausa” temporal para realizar una revisión del programa de refugiados y visados “necesaria desde hace tiempo”.
Explicó que la expresión “escrutinio extremo”, utilizada por Trump para justificar una revisión destinada a evitar que “terroristas islámicos radicales” ingresen al país, podría incluir un exhaustivo control de las comunicaciones, visitas en internet e interacciones en redes sociales de los peticionarios de asilo, algo que están evaluando las autoridades.