La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, alertó que la constituyente pretende aniquilar la democracia participativa y protagónica, acabar con las libertades democráticas y las instituciones, entre ellas el Ministerio Público
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente pareciera ser una “distracción para esconder los verdaderos problemas de la sociedad venezolana y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional en la solución de la crisis actual”.
Durante un contacto telefónico en el foro “Análisis sobre separación de poderes y garantías de Derechos Humanos en Venezuela”, indicó que si existiera la intención de lograr la paz y tranquilidad, el gobierno debería facilitar un referendo que consulte al pueblo si desea o no una Asamblea Nacional Constituyente.
Recordó el llamado efectuado por el presidente Hugo Chávez en 1999. “Él llamó al pueblo de Venezuela a que se pronunciara, que manifestara su deseo o no de querer una constituyente”, expresó la máxima autoridad del Ministerio Público.
Ortega Díaz destacó que la manera como fue propuesta actualmente esta iniciativa es contraria a la Constitución, por lo que es un deber de los venezolanos garantizar la vigencia plena de la misma.
Reiteró que la constituyente no resolverá los problemas de la población como la escasez de alimentos y medicinas, la violación a los derechos humanos, la inseguridad, la corrupción y la violencia política.
Sostuvo que la solución de estas dificultades pasa por reconocer las penurias que sufre la gente.
Acabar con las libertades
La Fiscal General resaltó que con la constituyente pretende aniquilar la democracia participativa y protagónica, acabar con las libertades democráticas y las instituciones, entre ellas el Ministerio Público.
Agregó que se quiere volver al sistema inquisitivo, en el que los jueces ordenaban las pruebas y además les correspondía decidir.
Ortega Díaz refirió que actualmente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia adelantan un antejuicio de mérito en su contra desconociendo la Constitución, con el fin de destruir la institución que representa.
Enfatizó en que no cederá en la defensa del Ministerio Público y de su rol como titular de la acción penal; así como de la Carta Magna, la democracia y los derechos que la asisten.
Sentenció que no abandonará esta lucha mientras no desaparezcan las condiciones que generaron la ruptura constitucional en Venezuela, y que se desista de la idea de realizar una constituyente a espalda del pueblo.