Flor Meléndez, contralora municipal de Maracaibo, notificó este lunes que el disfrute de su jubilación estaba pospuesto desde el pasado 6 de abril, pero se materializó ayer
Las informaciones sobre las circunstancias que rodean la intervención de la Contraloría Municipal de Maracaibo aún son contradictorias. La Cámara Municipal de Maracaibo se reunió ayer de manera extraordinaria para conocer el alcance de la resolución que recibieron el pasado viernes en la tarde de parte de la Contraloría General de la República (CGR), que instó al cuerpo colegiado a iniciar el procedimiento para la destitución de la contralora, Flor Meléndez, quien, a su vez, notificó ayer que el disfrute de su jubilación estaba pospuesto desde el pasado 6 de abril y que se materializó ayer.
"Realmente no tenemos la competencia para determinar la responsabilidad de ningún tipo. No somos jueces. Solo podemos desde el punto de vista administrativo y disciplinario estudiar lo que la contraloría nos está exigiendo en el numeral cuarto de esa resolución, donde nos solicitan que iniciemos el procedimiento de sustentación del expediente para llevar a cabo a la destitución de la contralora", explicó Ada Rafalli, presidenta de la comisión que conformaron los concejales para estudiar el caso. Leonardo Fernández, Manuel García, Elodia Petit, Egda Vilchez y Carlos Armijo también forman parte del grupo.
“Es un hecho lamentable. Esa intervención, de acuerdo con la ley, puede durar 90 días con una prórroga de 90 días más o en todo caso se puede proceder a la designación de un nuevo contralor producto de un concurso”, añadió Raffalli, quien no quiso aventurarse a adelantar algunos detalles del caso para no entorpecer la investigación que se haría para esclarecer los hechos del presunto hecho delictivo que ejecutó el hijo de la contralora a bordo de una camioneta Explorer 2010 propiedad de la dependencia.
Agregó que sin estudiar los elementos que tienen no podrán tomar una decisión. A su juicio la Fiscalía debe hacer las averiguaciones pertinentes para obtener el alcance de los hechos. "Hay que ver los resultados de la investigación, pero la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley Contra la Corrupción y la Ley Contra los Bienes Públicos establecen algunos hecho que podría acarrear responsabilidades civiles, penales y administrativas".
Nuevo contralor
Ramón Fuenmayor González fue designado por la Contraloría General de la República como interventor. De acuerdo con lo establecido en la ley, Fuenmayor González no tiene que participar en concurso ni ser juramentado, pues fue escogido desde Caracas.