Ya la parodia de diálogo cumplió su objetivo de entretenimiento democrático. Ahora el Poder Ejecutivo y el BCV entraron a cumplir sus roles de confusión y distracción
“. . . Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Art. 5 de la Constitución nacional.
El proceso de descomposición en el país, inducido por las más altas esferas del poder, se acelera. Hay prisa por robar, acumular, borrar, esconder, no dejar rastros, sin ningún recato. Ya no se trata de un ideal revolucionario socialista latinoamericano. Es la urgencia de la desbandada típica de los delincuentes que uno observa en las películas gansteriles cuando “huelen” que han sido descubiertos y que todo está apunto de perderse.
Las decisiones que se siguen tomando, inconstitucionales, ilegales, improvisadas, inauditas, sólo sirven de muro de contención a la debacle previsible, y mientras se prepara la huida; no hay otra consideración que arrasar con todo antes del abordaje de la embarcación de los piratas.
El poder moral perdió dicha condición desde su constitución; el TSJ no sólo se ha convertido en el tribunal del horror. Su principal función es cubrir la retirada; por ahora se comenta que su conductora se va en enero, mientras tanto deja dinamitado el camino a la justicia verdadera.
El ilegítimo CNE tiene la tarea de evitar cualquier proceso electoral hasta que mejores condiciones estén dadas o la retirada se cumpla satisfactoriamente. Ya la parodia de diálogo cumplió su objetivo de entretenimiento democrático. Ahora el Poder Ejecutivo y el BCV entraron a cumplir sus roles de confusión y distracción. Las medidas con respecto al billete de 100 no tienen una explicación dentro de la lógica económica. Sin comida, sin medicinas y con dinero, pero, secuestrado por el régimen, en complicidad con la banca, la población queda a merced del Estado forajido. Nos han convertido en unos ilotas, al decir de los griegos.
El incumplimiento de nuestra Constitución en lo referente al sistema socioeconómico, así como la violación de los derechos humanos, personales, políticos y sociales, justifican la declaratoria del juicio político al Presidente, extensivo a otros funcionarios, por parte de la AN. Los diputados están obligados a defender ese bastión democrático. Ese fue el mandato del pueblo para adecentar el resto de los poderes públicos por la vía democrática. Estamos en una etapa de nuestra historia que exige sacrificios y determinación. Acordémonos y unámonos en la lucha tomando como escudo el preámbulo de la constitución vigente. Allí están resumidos los principios y valores que nos deben guiar y que continúan extraviados.