La destrucción político-institucional

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En la década que concluyó 2010-2019 se acabó de destruir por completo el orden político-institucional venezolano. Se aceleró un proceso de destrucción del Estado, después de 208 años de su creación. La población venezolana está en desbandada. Aproximadamente cinco millones de conciudadanos están dispersos por el mundo y la diáspora continúa.

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La mayoría de ellos ha abandonado la patria en esta década nefasta. Estamos experimentando entonces, la destrucción progresiva de la nación venezolana, mientras nuestro territorio e instituciones claves son invadidos por cubanos, rusos, turcos, chinos, irregulares colombianos o terroristas y narcotraficantes de todo el mundo. El segundo elemento del Estado, el espacio geográfico está siendo violado de manera descarada o defendido irresponsablemente como sucede con el territorio de nuestra Guyana.

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El tercer elemento el poder, representado en las instituciones consagradas en la Constitución de 1999, se ha desconocido de manera descarada. Al finalizar la década, el país tiene dos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales y los poderes Electoral y Ciudadano son desconocidos por todos, dada su ilegitimidad manifiesta. Más de 50 países desconocen a quien usurpa la Presidencia de la República. Hemos dejado de ser una democracia a la que se ha sustituido por un autoritarismo consolidado con tendencia totalitaria. Hemos dejado de ser una República regida por un Estado de derecho, para convertirnos en una dictadura, en una monocracia cívico-militar inconstitucional e ilegítima.

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Al concluir esta década, solo uno de los cinco poderes constitucionales es legítimo (el Poder Legislativo) aunque desconocido por el régimen con el invento del inexistente “desacato”, mientras que el resto no solo exhiben ilegitimidad de origen, sino también de desempeño. El colmo ha sido la elección inconstitucional, ilegítima y fraudulenta de una “Asamblea Constituyente”, que pretende asumir poderes supraconstitucionales y que no presenta al país ningún proyecto de nueva Constitución.

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A esto habría que sumar la usurpación el 10 de enero de 2019 del cargo de Presidente de la República para el período 2019-2025. En suma, la década concluye en medio de la destrucción creciente, tanto del Estado como de la nación venezolana y de los valores superiores del ordenamiento jurídico y la actuación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecidos en la Constitución: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

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La década concluye con el Estado venezolano sentado en el banquillo de los acusados de los organismos internacionales, como nunca había acontecido, exigiéndole el respeto a los valores superiores de su ordenamiento jurídico y del Estado Democrático de Derecho. Pero más preocupante y grave es que la nueva década se inicia con una arremetida del régimen contra el Poder Legislativo legítimo, utilizando no solo la fuerza militar y de colectivos armados al margen de la ley, sino la compra en dólares descarada de diputados sin ética de la oposición o la amenaza a familiares y propiedades de otros, para impedir la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional para 2020.

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El próximo paso del régimen ya en marcha es la invasión y destrucción de los partidos democráticos de oposición, utilizando mercenarios bien pagados, con la complicidad del TSJ ilegítimo, para obstaculizar las elecciones próximas a realizarse. En suma, culmina una década de destrucción institucional, pero comienza otra, donde el autoritarismo con tendencia totalitaria que padecemos, pretende acabar con lo poco que aún nos queda de democracia: la esperanza de un cambio inmediato.