Hacemos la aclaratoria porque probablemente la obliguen a maquillarla, a darle otro sentido paralegal porque es extremadamente grave para el Gobierno, extremadamente buena para el pueblo
¿A quién sorprende la sentencia del TSJ que anula la AN? Solamente a los desaforadamente ingenuos ¿A quién sorprende las declaraciones de la fiscal general de la República? A todo el mundo, especialmente a los incrédulos. Hacemos la aclaratoria porque probablemente la obliguen a maquillarla, a darle otro sentido paralegal porque es extremadamente grave para el Gobierno, extremadamente buena para el pueblo, veamos por qué:
Textualmente señaló: “Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se vivencia varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Ahora bien ¿Ello qué implica?.
Las sentencias 155 y 156 del TSJ son otras del montón que violan deliberadamente la Constitución, anulan un poder nacional autónomo originario,el más importante en democracia, y osa autotransferirse para sí mismo las competencias de éste, resguardándose por si fuera poco, la potestad de designar a otro ente o poder las competencias vilmente secuestradas a la AN.
El artículo 138 de nuestra Carta Magna señala textualmente: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, en consecuencia, tanto el TSJ y el Presidente de la República, a través de las sentencias 155 y 156 usurpan la autoridad del Parlamento nacional, así, sus actos son ineficaces y nulos, es deber del pueblo y de nuestra Fuerza Armada Nacional retomar el hilo constitucional quebrantado desde hace tiempo, pero rebozado en su gravedad con estas atroces sentencias.
La declaración de la fiscal general de la República, probablemente la voz más patente a la hora de determinar la ruptura del hilo constitucional (el cargo) ha sido muy clara, resultando el pitazo final que permite al pueblo venezolano escudarse en el artículo 350 constitucional: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Hoy más que nunca nuestra democracia se encuentra pisoteada por una casta gubernamental que, dicho sea de paso, de no haber asesinado inconstitucionalmente el referendo revocatorio, hoy ya no estaría en el poder desgraciando a la nación.