
Monseñor
Monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, pidió que se respeten los derechos humanos de los deportados de Venezuela a Colombia en medio de la crisis fronteriza.
En un comunicado, el representante de la Iglesia instó al Estado a que aplique la ley a los responsables de cometer ilícitos pero expresó su preocupación porque “quienes han sido más golpeados por las medidas tomadas son gente pobre y familias con niños pequeños que, incluso, han perdido sus viviendas”.
El prelado condenó "todo exceso" en las operaciones de las autoridades venezolanas. "Esto incluye el dejar a un lado cualquier tipo de ofensa o expresión peyorativa, así como cualquier tentación a promover conductas de tipo xenófobo".
En mismo sentido habló la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que se manifestó solidaria con los ciudadanos colombianos que han sido deportados en los últimos días tras el cierre de la frontera.
En un comunicado, firmado por los monseñores Roberto Lückert, presidente de la Oficina de Justicia y Paz de la CEV, y por Baltazar Porras, presidente de la Comisión de Pastoral Social Cáritas, se sostiene que "no se puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa".
La CEV también expresó preocupación "porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de realizar dicho operativo" en el marco del estado de excepción que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó en la zona hace una semana.