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Las declaraciones realizadas la semana pasada por Maiqui Flores, Viceministro del Ministerio de Salud, sobre el arribo de medicamentos antirretrovirales a la región, causó controversia. El sanitarista “desconocía” la cantidad de fármacos que llegaron, cuáles y el número de pacientes que serían beneficiados.
En el Zulia, nueve mil 100 personas viven con VIH y solo llegaron cinco de los 26 antirretrovirales que utilizan para subsistir. Enviaron Viraday, que lo consumen más tres mil pacientes, Raltegravir, Zidovudina y un par más. El cargamento, que fue enviado al depósito del estado y no a la farmacia de antirretrovirales como es habitual, no soluciona el drama de los afectados que mueren en silencio esperando.
De acuerdos a los cálculos de la ONG Azul Positivo, el lote dejó por fuera a 54 por ciento de los pacientes y hasta enero duran los que llegaron. Johan León, director general de la fundación, comenta que no todos los fármacos funcionan porque carecen de la combinación que forma la triterapia.
Los más de cuatro mil pacientes ignorados, esperan un milagro. Luis López, Ministro de Salud, no firmó la compra de medicamentos antirretrovirales que debió hacer en junio de este año. El procedimiento de compra tarda seis meses y el último realizado fue en febrero, “de paso tardío e incompleto”.
Sin protección
La compra de preservativos, fórmulas lácteas y reactivos, es otra de las deudas pendientes del ejecutivo. Los casos de transmisión de la enfermedad por lactancia aumentaron y la entrega de condones en los centros sanitarios “es un milagro”.
La última adquisición masiva que realizó Venezuela fue en 2014. En aquella oportunidad, se compraron 10 millones de preservativos, cuando lo normal es que se adquieran tres veces más que la población total. Cuando llegan al Zulia, entregan entre tres y seis por mes para cada persona, pero en promedio deberían ser 12.
El gobierno nacional es reacio a comprar preservativos femeninos y la última cantidad que llegó hace tres años alcanzó solo para la promoción y no para la distribución. No hay reactivos para exámenes de carga viral y en laboratorios privados el costo supera los 800 mil bolívares. Los pacientes piden respuestas a gritos, mientras el gobierno olvida a sus seropositivos.