A 100 días de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) intenta escoger un candidato que se enfrente en las urnas a Nicolás Maduro, quien buscará su tercer mandato.
La coalición opositora intensificó sus esfuerzos en las últimas horas, con numerosas reuniones a puerta cerrada, para resolver las discrepancias y determinar una candidatura antes del sábado, cuando vence el plazo para que ese aspirante figure en la boleta electoral.
Según informó Alejandro Hernández, periodista y editor de La Gran Aldea, la reunión decisiva que tendrá la PUD para finalmente escoger su candidato presidencial estaría pautada para las 4.00 de la tarde de este viernes.
En paralelo, el cronograma electoral avanza, no libre de críticas de la oposición, que denuncia arbitrariedades en el registro de votantes y ventajismo por parte del Gobierno, al que acusa de una “persecución” contra opositores, algunos de ellos arrestados en las últimas semanas.
En vista de la sanción que impide competir en comicios a María Corina Machado, ganadora de la elección primaria, la Plataforma Unitaria sigue sin aspirante claro.
Aunque la alianza inscribió al exdiplomático Edmundo González Urrutia solo para asegurar su espacio en la tarjeta electoral, espera sustituirlo con el nombre de su candidato definitivo, que debe ser presentado antes del sábado, si pretende que este aparezca en la boleta del 28 de julio.
Manuel Rosales, gobernador del Zulia y candidato presidencial por Un Nuevo Tiempo (UNT), busca apoyos a su candidatura, mientras la PUD sigue discutiendo en privado quién es la persona idónea para recibir la bandera de la coalición y que, además, cuente con el visto bueno de Machado como su sustituto.
“Falsa oposición”
Además de Rosales y González, se inscribieron como candidatos otros 10 opositores que llevan semanas pregonando promesas de cambio en actos proselitistas y entrevistas públicas, aunque ninguno, según la mayoría de las encuestadoras, figura entre los dos principales contendientes.
Los candidatos, unos con más vehemencia que otros, critican a Maduro y a la PUD, que los ve como una “falsa oposición” o como colaboracionistas del Gobierno, salvo al exdiputado Enrique Márquez, que ha manifestado su deseo de recibir el apoyo de la alianza antichavista.
Observadores indefinidos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió con misiones exploratorias del Centro Carter y de la Unión Europea, que aún no comunican su decisión de participar o no como observadores, un aspecto que la oposición considera vital para garantizar la legitimidad del proceso, luego de que la última elección presidencial, en 2018, fuese ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.
El censo de votantes cerró el martes, tras 28 días de denuncias sobre trabas para inscribirse o actualizar datos, especialmente de los venezolanos que viven en el extranjero. Pese a todo, más de 600 mil jóvenes podrán votar por primera vez en julio, pero aún no se conoce el total de electores que estarán llamados a las urnas.
Planes “magnicidas”
La Fiscalía y el Gobierno nacional informan cada semana nuevas tramas de supuestos planes de opositores para asesinar a Maduro y provocar el caos en el país, aseveraciones por las que responsabilizan a Machado y que han servido de acusaciones para emitir órdenes de captura contra, al menos, una decena de opositores.
Mientras la oposición alerta de una persecución política en marcha, el oficialismo insiste en señalar a sus detractores de “antidemocráticos” y de querer dinamitar la ruta electoral.
Negociaciones fallidas
Entretanto, persisten tras bambalinas los esfuerzos de Noruega (mediador en la negociación entre el Gobierno y la PUD) para que se imponga la paz y los venezolanos puedan celebrar unos comicios aprobados por todas las partes y reconocidos internacionalmente.
Aunque el Gobierno aseguró el miércoles que no cederá ante las peticiones opositoras, prácticamente cada día se abre una nueva posibilidad de concertación, como la propuesta que hiciera el presidente colombiano, Gustavo Petro, de celebrar un plebiscito para garantizar la vida e integridad de quienes pierdan los comicios, un asunto sobre el que el Gobierno aún no toma una decisión.
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diciembre 7, 2024
