La Federación Farmacéutica Venezolana asegura que existe una falla de insumos y medicamentos que se acerca al 75 por ciento
La crisis tocó cada uno de los sectores de Venezuela. La salud no escapa de ello. En la actualidad nuestros hospitales parecen hospitales de guerra. En ellos no sólo libran una batalla entre la vida y la muerte los pacientes, sino también los profesionales, empleados y familiares. A pesar de que la Constitución nacional prevé la protección de la salud como derecho fundamental y atribuye al Estado el deber y obligación de garantizarla; la realidad es otra. El Sistema Público de Salud Integral es hoy un conjunto de hospitales y ambulatorios abandonados, escasez de insumos médicos y medicamentos, sueldos miserables y éxodo de médicos y enfermeras.
Basta con visitar cualquier hospital o centro de diagnóstico integral, para constatar su impresionante deterioro. En muchos hay cementerios de ambulancias, equipos médicos inservibles, espacios inutilizados y un largo etcétera de calamidades. La Federación Farmacéutica Venezolana asegura que existe una falla de insumos y medicamentos que se acerca al 75 por ciento y una deuda con proveedores que asciende a tres mil 500 millones de dólares. El asunto del salario se vincula con el éxodo. Las cifras son alarmantes: 12 mil 830 médicos han renunciado y cerca de ocho mil se han ido al exterior. ¿De qué ha servido el “Estado mayor de Salud” creado por Maduro en 2013? ¿Por qué Arias Cárdenas ha sido tan irresponsable y tan cómplice? ¿Por qué la Asamblea Nacional no ha legislado seriamente sobre esto?
Estoy convencido. Hay que descentralizar la salud. El Ejecutivo nacional debe decidir las políticas sanitarias, pero todos los hospitales deben estar en mano de las Gobernaciones. Las Alcaldías deben asumir la atención preventiva y primaria. Para la prevención, hay que intensificar esfuerzos de formación ciudadana y de atención al ciudadano sano, para lograr así abaratar los costos que van por el chorro curativo. En cuanto a la atención primaria, nunca jamás Barrio Adentro I debió estar en manos del Gobierno nacional. Esa es una competencia de las Alcaldías. Todo esto lo prevé la Constitución, pero no se cumple porque este es un Gobierno centralista y abusivo. Y, por último, desde la AN, tenemos la obligación de sancionar una nueva ley marco y discutir leyes que establezcan con claridad las competencias del poder público, del sector privado que tiene mucho que aportar, de la sociedad y la familia. Todos tenemos responsabilidad. Que cada quien asuma la suya. La salud es la continuidad del derecho a la vida. Lo bueno viene ya.