La pesadilla del terror está tocando a nuestras puertas. Es inconcebible que el Gobierno no decrete una emergencia ante la escalada del hampa
Bajo esta terrorífica amenaza por parte de quienes ofrecen una supuesta protección al margen de la ley, viven comerciantes, dueños de finca, ciudadanos, en gran parte del territorio nacional. Las víctimas del chantaje sospechan que quien los amenaza, podría formar parte de los organismos que deberían defenderlo de la acción del hampa.
La pesadilla del terror está tocando a nuestras puertas. Las historias son espeluznantes. El propietario de un modesto negocio en el centro del país cuenta que debe pagar 25 mil bolívares semanales de protección y que además desistió de abrir otro negocio, porque la suma que pedían por la “vacuna” era exorbitante. Historias como éstas se repiten, los sucesos que registran los medios de comunicación dan cuenta de una escalada del hampa, los organismos de seguridad del Estado parecieran no contar con la cantidad de hombres y equipamiento para enfrentar a los malvivientes, a las mafias organizadas.
En una hacienda en Trujillo, asesinaron a una persona porque se negó a ser extorsionado. Miles de ciudadanos en toda Venezuela son amenazados con secuestrar o asesinar a sus familiares, si no pagan una determinada cantidad. Yo viví una terrible experiencia como esa. En la carretera vieja de Mariara los antisociales, portando armas largas, montan alcabalas móviles, bajan a las personas de los carros, las roban, algunas son asesinadas.
Además de robos masivos, tipo comando, que están ejecutando en Caracas, el cobro de “vacuna” se está multiplicando en la ciudad capital. Hace escasos días mataron a un comerciante colombiano en La Candelaria, porque se negó a ceder ante la extorsión. Indagué entre otros comerciantes de la zona, la respuesta fue que eso está pasando desde hace tiempo, pagan para salvar sus vidas, la de su familia, para preservar sus propiedades, poder seguir trabajando. Viven en zozobra, acorralados por el hampa, desamparados, sin recibir la protección que el Estado está obligado a proporcionar .Es inconcebible que el Gobierno no decrete una emergencia ante la escalada del hampa, que no tome en serio la grave situación. ¿Estamos en presencia de la colombianización de la seguridad? ¿Será incapacidad de los gobernantes o responderá a una política oficial para amedrentar a la población? Independientemente de la respuesta a las interrogantes anteriores, la gente se encomienda a Dios, esperando no ser la próxima víctima.