“Gran parte de la facultad para defender los activos dependerá de que EE. UU. y el Reino Unido decidan reconocer a la AN de 2015 como Gobierno de Venezuela”, explicó el economista Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez, economista y profesor universitario, explicó las implicaciones que tiene la disolución del gobierno interino dirigido por Juan Guaidó para la defensa de los activos externos de Venezuela, bloqueados para la administración de Nicolás Maduro.
En ese sentido, dijo que la reforma del “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia” contempla la creación de un Consejo de Administración y Protección de Activos. “La Asamblea Nacional (AN) nombrará una nueva junta ad hoc de PDVSA, pero ratifica en su posición a los miembros actuales de la junta ad hoc del BCV”, argumentó.
Sostuvo también que la sección 25B de la Ley de la Reserva Federal estipula que los activos de un Estado en poder de la Reserva Federal solo pueden ser manejados por “un representante de tal Estado extranjero” certificado como tal por el secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.).
“La capacidad de los representantes de la AN de 2015 para manejar activos venezolanos dependerá de la voluntad del secretario de Estado de EE. UU. de certificarlos como representantes de un Estado extranjero”, aseveró.
Rodríguez recordó, según lo reseñado en el portal web Banca y Negocios, que hay un precedente reciente donde Estados Unidos certificó a personas para el manejo de fondos externos, “a pesar de no reconocer a ningún gobierno. El 14 de noviembre de 2022 lo hizo para manejar fondos de Afganistán, a pesar de no reconocer al Talibán”.
Litigio en las cortes internacionales
El experto puntualizó que el manejo de los litigios de PDVSA en el exterior “puede hacerse más complejo. En estos casos, la AN de 2015 plantea nombrar una nueva directiva ad hoc de PDVSA, pero esta directiva tendrá que obtener reconocimiento para representar a la compañía en las cortes estadounidenses”.
Asimismo, “es altamente probable que representantes tanto de Maduro como de los acreedores disputen la validez de estos nombramientos con el argumento de que no han sido nombrados por un gobierno de Venezuela reconocido como tal por EE. UU.”, resaltó.
Del mismo modo, señaló que el principal escollo jurídico proviene de que la AN de 2015 que dice haber disuelto, no sustituido, al gobierno interino. “Pero la AN de 2015 tendrá que convencer a las cortes estadounidenses de que, para efectos jurídicos, es un gobierno con la autoridad para nombrar una directiva de PDVSA”, puntualizó.
Disputa por el oro en Inglaterra
Francisco Rodríguez detalló que un problema similar emerge en el caso de la disputa por el oro en el Banco de Inglaterra, “donde ha sido clave el reconocimiento del gobierno interino para que las cortes apoyen la posición del BCV ad hoc nombrado por la AN”.
El economista advirtió que “de no reconocer las cortes los nombramientos, en virtud de que la AN de 2015 no es reconocido ni está constituido como gobierno, podría ocurrir que los únicos que queden autorizados para representar al país sean aquellos que fueron nombrados antes de la disolución del interinato”.
“Gran parte de la facultad para defender activos dependerá de que EE. UU. y el Reino Unido decidan reconocer a la AN de 2015 como Gobierno de Venezuela. Para ello, es un problema que la AN de 2015 sea la primera en decir que el gobierno interino no está siendo sustituido, sino disuelto”, expresó.
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diciembre 7, 2024
