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El señor ministro Jorge Arreaza (Mppeucyt) instó a las universidades a ir “hacia la universidad productiva, que genere ingresos propios, que sean capaz de generar servicios y satisfacer las necesidades del país y de las comunidades”. El Ministro ha de saber que las universidades ya cumplen con ese objetivo; por supuesto en unas áreas mejor que en otras pero todas generan servicios en su mayoría gratuitos o incalculables, como las actividades culturales, dirigidos a la gente de bajos recursos. Ejemplos notorios son las facultades de Medicina, Odontología o Ingeniería, de LUZ.
El exhorto a ser “productiva”, que en el lenguaje oficial se traduce en generar ingresos extraordinarios, sugiere también que sean autosuficientes. Es una perspectiva que he explorado en columnas anteriores pero en ningún caso para deslastrarnos de la cuota presupuestaria del Estado. Para favorecer esa transición se necesita promover la investigación de calidad ofreciendo las condiciones mínimas deseables, desde infraestructura hasta equipos y materiales, pasando por la formación del personal académico y el de apoyo. El deterioro institucional merma esas posibilidades; además de la crisis económica del país y su incidencia en el desmantelado sector productivo. Al margen de esas circunstancias, hace falta una agresiva campaña para lograr la confianza de los productores en nuestro quehacer.
El problema presupuestario-financiero es tan grave en LUZ que la partida para el pago al personal se agotó en febrero. Los gastos de funcionamiento pueden durar hasta marzo o abril, de acuerdo con las necesidades de las dependencias. En esta última situación influye la inflación, el desabastecimiento y escasez de rubros que los encarecen e inciden de manera directa en lo presupuestado.
En este contexto, sostengo que 2016 representa un reto para la gerencia universitaria, dadas las limitaciones del Ejecutivo nacional para dar respuesta a nuestros requerimientos vitales como institución que pretende mejorar su calidad académica. Es pertinente señalar la importancia de efectuar cambios en los procedimientos para la asignación presupuestal (recortes brutales de más del 70 %) y como consecuencia la instauración de la perversa política de los créditos adicionales, recursos que llegan fragmentados e ingresan a las universidades en los días finales del mes de diciembre, lo cual dificulta su ejecución y la posterior rendición de cuenta.