Lo recomendable es que el Presidente se desincorpore o renuncie a su cargo para facilitar las investigaciones que permitan establecer los tentáculos de ese delito
El escándalo desatado con la detención de quienes han sido calificados como los narcosobrinos por su relación filial con la pareja presidencial que conforman Nicolás Maduro y Cilia Flores, debió haber causado una especie de terremoto en las estructuras del Estado venezolano y disparar los resortes institucionales del país para una investigación bien severa que aclare todas las dudas sobre el consentimiento oficial a las actividades ilícitas y crímenes de lesa humanidad cometidos por los jóvenes sobrinos.
Es más, con la declaración de culpables por parte del jurado designado por la Corte de Nueva York contra los detenidos, luego de un año esperando el juicio que fue retrasado por las estrategias del costoso bufete de abogados contratados por la familia Flores, a través del empresario solidario del régimen, Wílmer Ruperti, Maduro debió haber presentado su renuncia o separación temporal del cargo para permitir una investigación tanto de la Asamblea Nacional como de las instituciones legales del país, sobre tan vergonzoso caso que ha hecho que califiquen al venezolano como un gobierno forajido o narcoestado.
Es que durante el juicio se supo que los condenados utilizaban la rampa 4 de Maiquetía para realizar sus ilegales actividades y ese sitio está reservado exclusivamente al avión o aparatos de uso presidencial. Por lo tanto, quienes resguardan esa instalación tenían que recibir instrucciones de alguien para permitirle el uso a los llamados narcosobrinos.
Las declaraciones y pruebas reveladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre el proceso que se le siguió a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, por conspiración para introducir un cargamento de 800 kilos de droga a Estados Unidos, confirman una serie de señalamientos y denuncias que vinculan a funcionarios del Gobierno de Venezuela con tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“Cuando se comete un delito la responsabilidad es individual. Sin embargo, los testimonios de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores -detenidos el pasado 10 de noviembre en Haití-, y las pruebas recabadas por la Fiscalía, contienen una serie de elementos que comprometen al gobierno de Nicolás Maduro”.
Es grotesco conocer que Campos Flores declaró a las autoridades norteamericanas que “podría haber pasado las drogas por el aeropuerto muy fácilmente debido a quién era y debido al acceso que tiene en el aeropuerto”.
Esta versión de los sobrinos de Cilia Flores confirma la vulnerabilidad y ausencia de controles en los aeropuertos venezolanos cuando se trata de tráfico de drogas y tráfico de influencias. Los detenidos dieron a entender que ser familia de “la primera combatiente” sería suficiente para no ser sometidos a los estándares internacionales de seguridad aeroportuaria, que debe superar cualquier viajero y su equipaje. Efraín Campos Flores y Franqui Flores aseguraron que por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía es muy fácil sacar sustancias ilegales. Los casos de Air France y Aeroméxico son un buen ejemplo. Afirmaron que ni siquiera necesitaban un contacto (militar).
Pero lo que todo el mundo se pregunta es: ¿Dónde está la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que no ha entrado en acción para solicitar una investigación exhaustiva de este vergonzoso caso que involucra, nada más y nada menos, que al Presidente de la República y su señora esposa por ser padres putativos o tíos de los procesados?
Aunque ya se sabe que esta ciudadana, que es la única que tiene bajo su jurisdicción acusar o solicitar una investigación contra el Presidente de la República, lleva más de cuatro años haciéndose la que no sabe nada sobre cuanto ocurre en la residencia presidencial La Casona, reservada exclusivamente para la familia del Presidente en ejercicio, pero donde viven las hijas e hijos de Chávez y no se sabe quiénes más, causando gastos mil millonarios al presupuesto de la nación, mientras que el Presidente y su esposa han tenido que conformarse con vivir en Fuerte Tiuna. Este es un claro delito de peculado de uso, y por un delito de peculado fue acusado y destituido Carlos Andrés Pérez.
El que los sobrinos hayan cometido ese delito de lesa humanidad como es el tráfico de drogas en realidad no tiene por qué involucrar a la pareja presidencial, pero como el caso ha salpicado al Gobierno, lo recomendable es que el Presidente se desincorpore o renuncie a su cargo para facilitar las investigaciones que permitan establecer los tentáculos de ese delito y los socios de los sobrinos acá en Venezuela porque si algo está claro es que no actuaban solos.