Desde 2003 se ordenan controles de precios en bienes, a los que se suman disposiciones por decretos que surgieron para asegurar la “suma de felicidad”
Cuántos productos nuevos están en el mercado. Cuánto es la producción de las empresas estatales y privadas. Cuál es el indicador de consumo de alimentos a 2015 que asegura la “suma de felicidad posible”. Así salta el cuestionamiento tras la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, vigente desde 2012.
Y es que en los fines de la normativa se establece “incrementar, a través del equilibrio económico, el nivel de vida del pueblo venezolano, con miras a alcanzar la mayor suma de felicidad” sustentado en el “plan de desarrollo económico y social de la nación”.
El decreto con rango, valor y fuerza de ley se crea para la determinación de precios de bienes y servicios, márgenes de ganancias y controles en las actividades productivas “para garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios de precios justos, que conlleve a la satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad”, indica el artículo 1.
Según Fedecámaras, resultó en ser el “principal inhibidor de la producción de bienes y servicios hecho en Venezuela” al estrangularse la rentabilidad de los agentes que desde 2003 soportan controles de precios.
“No existe un sistema administrativo de precios que permita la formación de precios basados en los encadenamientos productivos y la necesidad de atención de la rentabilidad adecuada para el pago de salarios dignos y de crecimiento de los negocios”, precisa Francisco Martínez García, presidente de la organización empresarial.
Pese a que el Gobierno asegura para las empresas margen de ganancias por ley, cuando se establecen costos de producción la realidad choca con la inflación de insumos y materias primas, y decisiones de control de precios impuestas en providencias de la Sundde.
Romer Barboza, experto contable, explica que controlar precios tiene “consecuencias automáticas” por agentes internos y externos, que en definitiva ocasiona “escasez” porque el productor al perder la rentabilidad decide cambiar de actividad o busca la manera de “cuidarse”. Y se presentan emprendimientos distintos a los necesarios para asegurar la oferta de productos.
Pero no significa surgimiento sostenible de la economía. Son casos de emprendimientos encadenados a los sectores ya existentes que intentan soportar la carga burocrática. Martínez García apunta que el escenario es adverso para nuevas iniciativas por las amenazas de intervenciones.
diciembre 7, 2024
