Un total de 15 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, en situación de especial vulnerabilidad, fueron liberadas tras permanecer bajo explotación sexual en viviendas utilizadas como prostíbulos en Sevilla capital y varios municipios de la provincia, informó este jueves 13 de agosto la Policía Nacional de España a través de su página web.
La intervención, denominada operación “Munib Calamitas”, se ejecutó de forma conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, y permitió la desarticulación de dos organizaciones criminales dedicadas a la trata.
Las víctimas eran captadas principalmente en Sudamérica aprovechando su precaria situación económica y social. Luego, eran trasladadas al país europeo, donde permanecían bajo el control de las redes mediante una deuda impuesta de 7.000 euros.
El organismo indicó que las dos estructuras actuaban de forma independiente, pero colaboraban puntualmente a través del intercambio de víctimas.
En España, las mujeres permanecían alojadas en inmuebles que aparentaban ser viviendas particulares, donde convivían hacinadas en pequeñas habitaciones, en condiciones insalubres y sin intimidad. Además, debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender los servicios impuestos.
Para maximizar sus ganancias, los responsables fotografiaban a las víctimas y publicaban los anuncios en plataformas digitales con identidades ficticias, descripciones de sus características físicas y el detalle de las prestaciones. A su vez, los inmuebles contaban con sistemas de videovigilancia para dificultar las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Durante la operación se realizaron cuatro entradas y registros en los municipios de Utrera, Gelves, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital, despliegue que saldó con la detención de 15 personas.
A los arrestados se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.
En las inspecciones se incautaron dispositivos de telefonía móvil, documentación sobre la contabilidad de las actividades y 10.000 euros en efectivo.
Además, las investigaciones patrimoniales permitieron el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un saldo superior a 30.000 euros, junto con la inmovilización de tres inmuebles vinculados al ocultamiento de los beneficios delictivos.
El procedimiento contó con la participación del Área de Delitos contra las Personas (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, en conjunto con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional.
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