El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, cumplió 30 años en el poder con más de un millar de presos políticos (1.275) en las cárceles de la antigua república soviética, en un año en que la persecución del disenso alcanzó “nuevas alturas”.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU informó sobre “motivos razonables para creer que (en Bielorrusia) se ha podido haber cometido el crimen contra la humanidad de la persecución” política, señala el informe de Human Rights Watch.
Esto ocurrió justo antes de que Lukashenko, quien lleva en el poder desde 1994, se presente el próximo 26 de enero a la reelección para un séptimo mandato presidencial.
El infierno de las cárceles bielorrusas
Al menos tres presos políticos murieron en prisión en 2024 -Alexandr Kulinich, Ihar Lednik y Vadzim Khrasko-, tragedias que podían haber sido evitadas si los opositores hubieran recibido tratamiento médico adecuado, según HRW.
En total, según las organizaciones de derechos humanos, 224 reos sufren graves problemas de salud y existen riesgos de que mueran entre rejas. Además, varios de los presos, entre los que figuran destacados dirigentes opositores como Serguéi Tijanovski, marido de la líder opositora en el exilio -Svetlana Tijanóvskaya-, se encuentran incomunicados desde febrero-abril de 2023.
Muchos prisioneros no tienen acceso a sus abogados y a los envíos postales de sus familias, y son enviados arbitrariamente a celdas de castigo y ven incrementadas sus penas en procesos fabricados.
La ONU pide la liberación de 63 personas de más edad -el Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, de 62 años, quien cumple 10 años de cárcel-, mientras Lukashenko indultó entre julio y diciembre pasado a 237 presos políticos a cambio de que reconocieran su culpa.
Las autoridades también tomaron medidas de represalia contra las familias e incluso proscribieron por extremista a una organización que coordinaba el suministro de alimentos a los presos políticos.
Persecución de prensa y abogados, y pena de muerte
Además, 37 periodistas se encuentran en prisión y más de una veintena de domicilios de reporteros fueron registrados por la Policía, que obligó a sus familias a condenarlos públicamente en video.
Las autoridades también mantienen encarcelados a seis abogados y cerraron unas 1.200 organizaciones no gubernamentales.
También prosiguió en Minsk la persecución de los ciudadanos que manifestaron públicamente su apoyo a Ucrania, compartieron fotos del movimiento de tropas rusas o donaron dinero a los grupos de voluntarios que combaten contra Rusia en el país vecino.
Bielorrusia, el único país europeo donde se aplica la pena de muerte, condenó a la pena capital a un convicto por asesinato y también al alemán Rico Krieger, quien fue sentenciado por terrorismo, pero finalmente fue incluido en el canje de agosto entre Rusia y Occidente.
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enero 11, 2025 - 3:04 pm
